3 comentarios sobre “#Bloquea a la Banca”

1. Creo que é necesario divulgar as denuncias feitas sobre NCG Banco, e as preguntas que ainda non teñen resposta do FROB:

   DE ASOCIACIÓN GALEGA DE CONSUMIDORES E USUARIOS
   Rúa Fontán, 4-3º
   15004 A CORUÑA
   acouga@acouga.eu
   Teléfono 669 781 006

   PREGUNTAS AL DIRECTOR DEL FROB, SR. CARRASCOSA:
   Ante la situación de crisis de las Entidades Financieras, la aparición del FROB se justifica con el pretexto de gestionar los fondos que la Administración aporta para su saneamiento y protección de los derechos de los usuarios.
   Pero no se explican con claridad ni los objetivos, ni el carácter de las aportaciones: en los medios aparecen explica-ciones contradictorias, hablando de “nacionalización”, de préstamos a recuperar con cobro de intereses o de simples aportaciones a “fondo perdido”.
   Todo el proceso, que empieza por una confusa información sobre el estado real de las Cajas de Ahorro Gallegas, pasa por distintas fases, con inexplicables contradicciones, que varían de un día para otro, revelando que, o se ha ges-tionado de forma inadecuada y próxima al dolo, o se miente intencionadamente para ocultar objetivos ocultos, que pueden formar parte de una trama para fortalecer el oligopolio financiero privado ya que al final se consigue con-trolar casi el 100% del mercado financiero (mercado cautivo ), del que las Cajas tenían más del 50%.
   Así las preguntas se plantean desde una “duda razonable” sobre la legalidad de lo acaecido, esperando que sus res-puestas aclaren unos hechos que cumplen todas las perspectivas de una trama ilegal que es necesario desmantelar.
   ¿Se tuvo en cuenta la situación previa a la intervención del FROB para valorar las acciones sucesivas o, por lo contra-rio, se asumió directamente la estrategia de cesión del mercado y de los patrimonios de las Cajas a la iniciativa pri-vada y especulativa del lobby bancario?
   ¿No se detectaron clarísimos indicios de una “conspiración” para reforzar un Oligopolio Financiero?
   Las Cajas de Ahorro eran entidades autónomas sin ánimo de lucro, gestionadas por unos órganos elegidos en repre-sentación de las personas y sectores afectados por sus objetivos. Su patrimonio, de carácter público, respondía ante sus acreedores (depositantes) que no fueron convocados ante una situación de crisis, según el derecho en vigor. Era necesario salvaguardar derechos financieros, pero también los derechos sociales y culturales que las mismas repre-sentaban, así como garantizar la legitimidad de los mandatarios en los órganos de gobierno, únicos legalizados para tomar las decisiones que se tomaron.
   Ante la evidente desidia de las personas que, designadas como representantes sin ninguna garantía democrática, tomaron tan nefastas decisiones en los últimos años de gestión, ¿no procedía, como primera medida, renovar dichos órganos en un proceso auténticamente democrático, para garantizar los derechos de los afectados?
   ¿Cuándo se habla de “compra” por parte del FROB, qué es lo que se compra y a quién?
   ¿No era más sencillo nacionalizar el banco, y cubrir así un hueco necesario en unos Servicios Financieros Competitivos y al Servicio del bien público?
   ¿Qué justificó la fusión y por qué la conversión en un banco?
   ¿Hay algún estudio fiable que justifique que las opciones tomadas fueron las mejores?
   ¿No era posible mantener sus funciones, democratizando instituciones, recuperando su actividad típica y solidaria?
   ¿Por qué se acorta el periodo de espera para la “venta”, cuando las expectativas de recuperación son evidentes?
   ¿Cuántas y cuáles ofertas se recibieron y qué criterios se aplicaron en la elección?
   ¿Cuál era la oferta de “la Caixa”?
   ¿Cómo es posible que los gestores de ambas ENTIDADES negocien en plena crisis unas condiciones económicas es-candalosas para la rescisión de sus contratos, cuando incumplieron claramente su misión de administrar las Cajas?
   ¿Fue su premio por facilitar la “entrega” al lobby bancario del patrimonio y cuota de mercado de las Cajas?
   ¿No son estos indicios suficientes de una corrupción intolerable, que debe de ser denunciada y corregida?
   ¿No hay que evitar la concentración bancaria y facilitar la existencia de entidades basadas en la labor social y parti-cipación ciudadana, terminando con la crisis actual?
   ¿No es la especulación una práctica que debe ser controlada?
   ¿Cuál es el objeto del FROB y quién le marca las directrices a aplicar?
   En el caso de las preferentes y otros productos tóxicos, ¿no existen razones objetivas como para resolver la situación considerándolas como “depósitos de Ahorro” y, como tales, reembolsadas a sus titulares?
   ¿Si el mercado secundario nunca llegó a funcionar en el caso de dichos títulos, no se demuestra que todo fue una patraña para cumplir una normativa que ponía límites a las inversiones especulativas usando depósitos de ahorro?
   ¿Qué pasó con los fondos para fallidos, creados a costa de rebajar los impuestos a las entidades financieras?
   ¿Conocen las diligencias presentadas en el Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional sobre la querella presen-tada por UPyD contra Bankia, por la comercialización de “preferentes” en la que Cajas y Bancos abusaron de la falta de transparencia del mercado AIAF, creando un mercado ficticio, al manipular las cotizaciones, manteniéndolas fic-ticiamente altas, a fin de aparentar que los precios de estos productos eran estable y que tenían liquidez? ¿Cómo lo valoran y justifican?
   ¿Caixa Galicia y Caixanova comercializaron tales productos siguiendo las normas establecidas por AIAF?

   A la vista de lo publicado en El Mundo el 14/02/2014, “El Frob busca a los culpables del fiasco de las cajas” (http://www.elmundo.es/economia/2014/02/14/52fe8f32268e3eae698b4580.html), nos hacemos las siguientes reflexiones:
   Entendemos que el FROB investigará 90 operaciones irregulares realizadas por Cajas para determinar responsabili-dades de directivos y administradores de las entidades, así como de terceros beneficiados por las mismas (por ejemplo, el Lobby bancario que pasa a disponer del casi el 100% del mercado financiero).
   ¿Están NCG BANCO y, por lo tanto, las fusionadas Caixagalicia y Caixanova incluidas en estas 90 operaciones?
   El artículo 51.2º de la Constitución establece que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectarles, en los términos que la ley establezca.
   Con el fin de dar cumplimiento al dicho mandato constitucional, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley 12/1984, del 28 de diciembre, del Estatuto Gallego del consumidor y usuario que, en su artículo 3 d) establece, entre los derechos de los consumidores y usuarios, que sean consultados en las materias que les afecten.
   A nivel estatal, el RD 1/2007, del 16 de Noviembre, dice en el Capítulo II titulado «Derechos básicos de consumidores y usuarios», establece en el art. 8º: f) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial, ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.
   La Ley 9/2009 marca el inicio del FROB y la Ley 9/2012 del 14 de Noviembre de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, con todas las sucesivas resoluciones, ignoran principios constitucionales, legislación y regla-mento de protección a los consumidores de manera reiterada. Lo que no debe restar eficacia a las disposiciones an-teriores que no han sido derogadas.
   El articulado de esta Ley protege subrepticiamente el oscurantismo del FROB en sus decisiones, amparándose en el secreto bancario como regla de oro y principio intocable.
   ¿Cómo se garantiza a los consumidores y usuarios, sin representación en el FROB, que se están tomando las medi-das menos lesivas para sus intereses?
   ¿Es admisible que se tomen como base de las decisiones del FROB, informes de entidades mal llamadas «indepen-dientes» pero, en realidad, ligadas al sistema financiero?
   ¿Están dispuestos a dar entrada a entidades que representan a los Usuarios y Consumidores, como ACOUGA?
   La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, de 1999, integrada en el Tratado de Lisboa de 2007, establece expresamente que las políticas de la Unión deben garantizar un alto nivel de protección de los consumi-dores.
   Existe una situación de inferioridad, subordinación e indefensión cuando, a cuenta del secreto bancario, consumido-res y usuarios no pueden establecer comparaciones para saber si la venta de NCG BANCO, aún no refrendada por la Comisión Europea, es la mejor de las opciones posibles.
   No se entiende que asumir una pérdida de unos 8.000 millones de euros, como mínimo, en esta operación no pueda tener una contrapartida menos costosa para los contribuyentes. Parece, más bien, un traje a la medida para dar carpetazo a un asunto, sin valorar sus consecuencias.
   ¿Quién garantiza la solvencia del Banco Etchevarría/Grupo Banesco para hacer frente a los compromisos adquiridos sin recurrir a endeudamiento o nuevos socios?
   ¿En caso de que la obtención de beneficios supere los previstos, se establecen compensaciones en el contrato de venta o, inversamente, indemnizaciones en caso de resultados negativos?
   4 de Marzo de 2014

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   1. Moitas gracias pola achega

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2. Tamén a denuncia ante Almunia:

   A la Dirección General de Competencia de la UE.
   D. Joaquín Almunia
   Vice-Presidente, Comisario responsable de Competencia
   Comisión Europea
   1049 Bruselas
   BÉLGICA

   Tras un largo debate en el seno de ACOUGA (Asociación Galega de Consumidores e Usuarios) se ha decidido comparecer ante esa Comisión, por correo postal (anticipado por correo electrónico), para manifestar lo siguiente:
   Que tenemos noticia de que les corresponde determinar si la operación de venta del denominado Novagalicia Banco (entidad surgida de la fusión de las Cajas de Ahorro gallegas) se ajusta a la normativa europea establecida por el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
   Que nos consideramos con el derecho y la obligación de aportar información respecto a la evolución de un proceso que, según nos parece evidente, ha vulnerado normas respecto a la competencia entre entidades de servicios FINANCIEROS, siendo la culminación de una conspiración para controlar las tarifas por servicios, absorbiendo de forma subversiva entidades competitivas legalmente establecidas, usurpando sus patrimonios y destruyendo estructuras de utilidad pública, con claro perjuicio de los intereses del bien común, en general, y de las personas en particular.
   Consecuentemente, y para que esa Comisión disponga de los elementos necesarios para llegar a conclusiones ajustadas a derecho, con el presente documento se envían copias auténticas de documentos que se han presentado ante las autoridades españolas, formulando denuncias y reclamaciones, que no fueron atendidas, lo que indica que se ha incurrido en negligencia y falta de eficacia, sino en corrupción, prevaricación y conspiración, para someter a la sociedad en su conjunto a una dictadura basada en la manipulación de las normas sobre economía, constreñidas a una búsqueda del máximo beneficio conseguido a partir de un oligopolio omnipresente y subversivo, al margen de cualquier derecho democrático de las personas.
   Entendemos que la venta efectuada no puede ser reconocida como válida, toda vez que tanto la fusión entre ambas Cajas gallegas, como su posterior conversión en banco privado, han sido decisiones tomadas por los órganos de gobierno de las mismas, constituidos irregularmente y sin garantías democráticas, a la medida del complot que aquí se denuncia, prescindiendo de la participación de los teóricamente representados en dichos órganos:
   o Clientes.
   o Trabajadores.
   o Entidades fundadoras y de carácter social.
   Ya que en ningún momento, los afectados fueron informados, ni consultados, respecto a la situación real de las entidades, ni de las posibles alternativas o soluciones a aplicar, en caso de que fuera real una crisis que a todas luces fue provocada para culminar la actual situación.
   Viendo la evolución del sector financiero en los últimos 20 años, que ha reforzado su carácter especulativo evolucionando descaradamente hacia un oligopolio, en detrimento de su función de servicio público, parece evidente que la operación no es una simple transacción comercial, sino que es el comienzo de la culminación de un plan para acumular el poder económico en detrimento de los derechos y libertades de las personas, buscando incrementar ese poder para reforzar su capacidad de ningunear a los representantes elegidos democráticamente, sujetos a la dictadura de una economía estructurada para el beneficio de los manipuladores de fondos (ajenos) depositados por personas y entidades, a las que no se les da participación en la toma de decisiones que les conciernen directamente.
   Los puntos principales y más destacados de la conspiración realizada para la consecución de objetivos espurios, son los siguientes:
   • Connivencia de financieros y organizaciones políticas para legislar (al margen o contradiciendo promesas electorales) de forma en que la libertad de circulación de capitales, las normas de buenas prácticas bancarias, el control y revisión de las operaciones financieras, dejen de cumplir sus fines de servicio a la sociedad en todas sus facetas, reconvirtiéndolos en factores de especulación y dominio del mercado financiero, o incluso en elementos de fraude fiscal.
   • Vulnerar los derechos de “libre competencia” aprovechándose de un “mercado cautivo” en el que un servicio público se convierte en una carga para las personas y PYMES sometidos a un oligopolio que ha culminado con la absorción de las Cajas de Ahorro que gestionaban en torno al 50% de los depósitos bancarios, desde una perspectiva de servicio público, sin ánimo lucro, que pronto fue desactivado gracias a la complicidad de políticos y medios de comunicación.
   • Alterar las normas establecidas para el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, desvirtuando las funciones de los organismos oficiales para su vigilancia y control, sustituyendo las directrices por recomendaciones para la adopción de maneras y formas orientadas a la especulación y explotación abusiva de los recursos financieros, permitiendo el deterioro de los procesos de constitución de sus órganos de gobierno, al frustrar los procesos democráticos de participación popular en su configuración.
   • La resolución de los contratos de algunas de las personas responsables de la deriva de las entidades como ejecutivos de las mismas, compensados con pingües indemnizaciones según acuerdos tomados en plena crisis, evidenciando la intención de silenciar testimonios y ganar voluntades, en ausencia de unos Consejos de Administración y Comisiones de Control que, ninguneados (les correspondía la teórica responsabilidad de decidir las medidas a tomar) no figuran como imputados, ni perjudicados, ya que ninguna persona, de las integradas en los mismos, ha manifestado opinión o justificación de sus participaciones en el todo el proceso, salvo alguna persona que, excepcionalmente, lo haya hecho de forma poco notoria.
   • El precio final pactado, muy inferior a la aportación efectuada para el “rescate” pero que, además es incalculable el valor del “fondo de negocio” que se pasa a controlar. Hay indicios de que existían mejores ofertas que la aceptada, lo que hace suponer que el beneficiario de esta operación ha conseguido ser el beneficiario porque los realmente artífices de la conspiración prefieren mantenerse en la sombra, en función de un pacto que sólo es posible al amparo de un anonimato inadmisible por la trascendencia del mismo, pues no parece exista ninguna condición en el contrato de la transacción que obligue al adquiriente a mantener la propiedad y gestión durante un mínimo de tiempo, o a transferir parte de los posibles beneficios obtenidos de una posterior venta, si los mismos superan un límite determinado.
   • NUNCA se llamó a declarar ante las distintas comisiones de investigación, a la totalidad de los componentes de los Órganos de Gobierno de las Cajas, cuando las decisiones que las llevaron a la situación actual, es de su responsabilidad. Además, dicha representación (que se revela como irregular, tanto por no cumplir con su función de representar a la ciudadanía, como por la falta de garantías en su elección) queda suprimida en la nueva Entidad: desaparece el derecho a participar de los clientes de las Cajas en la gestión de los fondos depositados. Es evidente una vulneración de los derechos de las personas que participaban de alguna manera en las Cajas de Ahorro, ya que las mismas eran controladas por representantes electos que ahora desaparecen, sin ninguna alternativa o mantenimiento de esas funciones, que en una gestión financiera son fundamentales.
   • La probable implantación de la “UNIÓN BANCARIA”, cuyos verdaderos objetivos se refieran a consolidar una estrategia globalizada, para imponer sus criterios especulativos con los que controlar políticamente a la sociedad europea, por encima de unas instituciones que han aceptado someterse a sus dictados, pervirtiendo su mandato democrático.
   Es decir, cuando lo lógico y deseable es que las entidades financieras (privadas o públicas) que administran fondos ajenos sean transparentes en sus operaciones, dando información y voz a las personas afectadas (clientes, trabajadores propios y entidades sociales), la evolución va en sentido contrario, suprimiendo las Cajas de Ahorro que sí cumplían esas propuestas. (Al menos en teoría porque precisamente, en el acoso al que fueron sometidas las Cajas para forzar su reconversión en bancos especulativos, fue lo primero que desmantelaron, en lugar de mejorar la democracia en la elección de cargos representativos).
   No se puede admitir que una Caja de Ahorros patrocine su propia competencia, vaciándose de contenido, renunciando a cumplir los objetivos que justificaron su fundación, en una estrategia financiera basada en la prestación de un servicio público sin ánimo de lucro.
   Las normas para garantizar la libre competencia no sólo deben referirse a los derechos de los concurrentes como ofertantes sino también, y principalmente, a los derechos de los usuarios y consumidores, en cuyo beneficio debe darse preferencia a que se impida que se creen oligopolios y se destruya y se ataque a entidades con estrategias distintas, pero legales y reguladas según el interés común, adecuadas a un desarrollo social sostenible.
   Esperamos, por tanto, que por parte de esa Comisión se tengan en cuenta los argumentos expuestos, se realicen las investigaciones pertinentes y se valore la documentación adjunta para concluir, según nuestro entender, que no procede autorizar la venta de NCG BANCO, y que debe recomendar se proceda a una investigación, por quien corresponda sobre el proceso realizado, para depurar responsabilidades y reponer los derechos ciudadanos conculcados.
   Se adjuntan copias de documentos tramitados con las autoridades españolas, Banco de España, Comisión Nacional de Valores, Fiscalías y Juzgados.

   En Galicia, a 22 de Marzo de 2014

   El portavoz

   Fdo: Miguel A. Quinteiro Núñez
   Telf.: +34669781006
   miguelquinteiro.portavocia@acouga@acouga.eu

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