Publicado en PAHBCN

Ante la comparecencia del presidente de Blackatone, hoy ante la Comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso,  hemos elaborado este informe para visibilizar su recorrido en nuestro país, su mala praxis y la angustia a la que tiene sometidas, que ves sus vidas en manos de este fondo buitre.

Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2007, el gobierno español ha reducido el presupuesto público dedicado a la vivienda en un 63%.

Desde 2008, se han llevado a cabo en España más de 721,000 procesos de ejecución hipotecaria y 515,000 desalojos.

España todavía debe hacer frente a la emergencia habitacional: más de 60754 desalojos en 2017

Según el último censo español de 2011, casi 3,5 millones de viviendas están vacías.

Desde 2013, los precios de alquiler han aumentado un 40% en promedio.

El 11% de los hogares españoles declara que no puede tener una temperatura adecuada en su casa durante el invierno porque no puede pagar sus facturas.

La vivienda social en España representa solo el 2% del mercado de la vivienda

España fue uno de los países más afectados por la crisis financiera de 2007. Además del colapso financiero global, el sector de la construcción español enfrentó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta situación llevó a la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, lo que obligó a muchas familias a decidir si pagar por los alimentos o sus hipotecas, la mayoría de ellos obviamente opto por lo primero. En este contexto, las instituciones financieras comenzaron a desalojar a miles de familias y el drama continúa.

En otras palabras, las familias desalojadas no solo se ven a sí mismas en la calle y sin trabajo, sino que también deben enfrentar el hecho de que todavía deben al banco decenas, o incluso cientos, de miles de euros y que sus deudas siguen creciendo debido a a los intereses de la morosidad. No es difícil imaginar que recuperar una vida digna de esta situación sea virtualmente imposible.

Según datos del Consejo Español del Poder Judicial, se han producido más de 515,000 desalojos. Además, es difícil creer los mensajes de recuperación del gobierno español, ya que solo en 2016 se produjeron alrededor 63037 y en 2017 60754 desalojos

Alquiler

Esto también se debe a que cada vez hay más desalojos de inquilinos. De hecho, hoy en día el 60% de los desalojos oficiales son causados por la incapacidad de la población para pagar los alquileres.

En 2013, el gobierno del PP cambió la ley de alquileres, introdujeron dos cambios principales:

• Reducir la duración de los contratos de un mínimo de 5 años a contratos de 3 años

• Desvincular la actualización de los precios de alquiler del IPC en las renovaciones de contratos. El IPC es un índice del costo de vida básico que mide la inflación anual.

Como resultado, con estos cambios fue más fácil para Socimis subir los precios, hacer contratos más inestables y más cortos y desalojar a inquilinos de bajos ingresos. De hecho, las 1.860 casas públicas de Madrid que fueron vendidas por PP a Blackstone ahora son administradas por una Socimi llamada Fidere.

Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (o Socimis [Equivalente a Reits en los EE. UU]) son fondos que han dedicado al menos el 80% de su actividad a alquilar espacios y casas. En 2012, el gobierno del PP otorgó a Socimis un régimen fiscal privilegiado según el cual no tienen que pagar impuestos a las empresas. Después de esta reforma, las Socimis han sido una herramienta para que los grandes actores especulativos como los fondos buitres, los bancos y las entidades inmobiliarias hagan negocios con las casas sin pagar impuestos.

Ante esta situación las PAHs llevan años exigiendo:

• Dación  a cero sin condicionantes ni remanentes y alquiler social sin chantajes  según la 24/2015 (esté o no vigente) y sin cláusulas abusivas.

• Mejoras  en el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso.

• Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.

• Los mismos acuerdos para el resto del estado Español

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