Las medidas que se han tomado para hacer frente a la emergencia sanitaria y la propagación del COVID-19 han supuesto un frenazo económico sin precedentes. En consecuencia, las instituciones públicas han activado planes, mecanismos e instrumentos que, pretendidamente, quieren detener el choque, reactivar la economía y recuperar la normalidad pre-pandemia. En este sentido, las grandes empresas están jugando un papel similar al de los bancos durante la crisis financiera de 2008: en un momento de alta incertidumbre se benefician de la política pública y son rescatadas

2. Reparto del dinero – que las grandes empresas se queden con los fondos

Hasta ahora las propuestas sobre la mesa se caracterizan por ser grandes proyectos, grandes empresas y grandes inversiones. Son proyectos de infraestructuras y reformas de gran dimensión, donde empresas como Endesa o Repsol se llevarán miles de millones de dinero público.

Vemos con preocupación que la tendencia de otorgar con urgencia, facilitar y flexibilizar el uso y el acceso de grandes empresas a los fondos Next Generation EU se materializa también en el Real Decreto Ley 36/2020, que hoy, jueves 28 de enero de 2021, está previsto que se convalide el Congreso.

Los fondos europeos deberían ir hacia el sector público, las pequeñas y medianas empresas (las PYMEs), las trabajadoras autónomas y la economía social y solidaria. Son las que más han sufrido la crisis, y al mismo tiempo son actores principales de nuestro tejido económico y los que más puestos de trabajo crean. Son, además, los que tienen más potencial de transformar nuestra economía actual hacia una economía más verde, justa, inclusiva y, especialmente, más resiliente.

La mayoría de las propuestas para grandes proyectos que ahora están sobre la mesa, tendrán impactos ambientales y climáticos, pero también impactos graves sobre los territorios y las poblaciones locales. Estos proyectos pueden entrar en los planes de recuperación gracias a un lavado de cara verde descarado. Los que ganan son las grandes empresas contaminantes, como pueden ser Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol.

2 .No apuntan a las lecciones de la pandemia y pueden ser un lavado de cara verde (Greenwashing)

Sin duda, los criterios de elegibilidad, las listas de exclusión, las condicionalidades, la taxonomía, el principio de “no causar daño significativo” y cualquier elemento que determine qué es verde o qué es climático y qué no lo es, será clave para afrontar la emergencia climática.

La pandemia ha subrayado más aún si cabe la importancia de la inversión en salud y en los trabajos de cuidados, la actividad socialmente necesaria y la que no lo es. La dedicación de los fondos de recuperación debería estar centrada en proveer de estos recursos.

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