Por si a alguien le quedaba alguna duda de para quien gobierna este Gobierno, el ejecutivo no ha querido desaprovechar este mes de agosto para aprobar un decretazo que de una vez termine con los pocos derechos que aun tenían los inquilinos en el estado español.

La reforma anunciada para ser aprobada en el Consejo de Ministros de hoy viernes 24 de agosto, prevee, entre otros: reducir los años del contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar aun más los desahucios por impago de alquiler, y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores inmobiliarios. Y todo ello sin aprobar ninguna medida que ayude a las personas que contra su voluntad sufren el desempleo y los recortes, y que en consecuencia no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.

La PAH desde su fundación en 2009 ha explicado que nos centramos en la denuncia de las ejecuciones hipotecarias por ser una de las caras más dramáticas de la crisis habitacional que afecta a millones de personas, pero que eramos muy conscientes de que ejecuciones y desalojos hipotecarios eran la punta del iceberg de un problema más amplio: la mercantilización de la vivienda y la vulneración sistemática del derecho a una vivienda digna en el estado español. Alquiler y compra son dos caras de una misma moneda: si muchas personas se hipotecaron en este país fue precisamente porque desde hace años los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido mermando los derechos de los inquilinos, haciendo que el alquiler no fuera una alternativa real para quienes legítimamente querían acceder a un hogar asequible y estable. Alquilar era oficialmente “tirar el dinero”, fiscalmente sólo desgravaba la compra y los inquilinos año tras año tenían menos derechos.

Y no sólo. La PAH también se da por aludida con esta nueva reforma en la medida en que la casi totalidad de las cientos de miles de personas que ya han sufrido o están sufriendo una ejecución hipotecaria pasan directamente al mercado del alquiler. Es decir, mientras no existan otras alternativas (como las cooperativas en régimen de cesión de uso, habituales en el norte de Europa y otros países), el destino inmediato de las personas afectadas por la hipoteca es el alquiler. Así, se da la paradoja que el Gobierno condena a las familias a sufrir la violencia de un desahucio varias veces en poco tiempo: primero por ejecución hipotecaria, después en el mercado privado del alquiler, y en todos los casos sin ofrecer ninguna alternativa de realojo en un parque de vivienda social asequible inexistente en España.

La excusa del Gobierno es muy mala: dice que pretende fomentar el alquiler. Pero la receta de sobreproteger a la parte fuerte del contrato no es nueva, llevan aplicándola muchos años, y su efecto ha sido sistemáticamente el contrario. Además, si lo que realmente preocupara al Gobierno fuera la inseguridad jurídica de algunos propietarios, lo que debería hacer es distinguir entre pequeños y grandes propietarios; entre quien deja de pagar por falta de capacidad económica y quien lo hace por mala fe; y, sobre todo, ofrecer soluciones de realojo y garantizar un parque de alquiler social asequible donde ubicar a las familias que lo necesiten.

La nueva reforma del alquiler no sólo vulnera todos los compromisos del Estado español en materia de derechos humanos. Además, profundiza en una política de vivienda que ya se ha demostrado un fracaso. Precarizar el alquiler, agilizar los desahucios, promover la compra a través del sobreendeudamiento e incentivar la especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones europeos en desahucios, ejecuciones hipotecarias, viviendas vacías, precios elevadísimos y corrupción, entre otros. La nueva reforma beneficia a los grandes propietarios, en especial a la banca, y busca atraer la inversión de grandes capitales extranjeros. En concreto, prepara el terreno para dar salida al “banco malo” que el Gobierno está a punto de aprobar: con el “banco malo” el estado comprará a precios inflados de burbuja los activos inmobiliarios que la banca no logra colocar. A continuación, los ofrecerá a inversores extranjeros, especialmente chinos y rusos, con grandes ventajas fiscales aprobadas en el decreto de hoy; por ejemplo, tributando al 0% en el impuesto de sociedades. Una vez más, el Gobierno socializa las pérdidas y privatiza los beneficios con un resctae multimillonario encubierto. La banca gana, la población pierde.

Pero hay un dato que el Gobierno parece no haber incluido en sus cálculos. La población ya no puede más. Cientos de miles de personas están firmando la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la reconversión de la vivienda vacía en manos de la banca en alquiler social asequible, y no vamos a tolerar que se desprecie la voluntad popular. Millones de viviendas vacías esperan a cumplir su función social. Sobran viviendas y sólo falta voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Si el Gobierno no lo hace, lo haremos nostras.