Entre 2007 y 2011 se han producido cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español. Centenares de miles de familias que están siendo desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público. Es inadmisible e intolerable que en un Estado Social y Democrático de derecho se estén produciendo centenares de miles de desalojos a la vez que existen millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.
Las administraciones publicas, lejos de dar respuesta a esta situación de emergencia habitacional y detener la sangría de desalojos, parece más dispuesta a amparar y proteger los intereses de las entidades financieras que a defender los derechos mas elementales de la ciudadanía. Los poderes públicos están siendo cómplices de la vulneración de este derecho básico, incumpliendo el marco jurídico estatal, así como diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el estado español:
Se vulnera el artículo25 de la declaración universal de los derechos humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…”
Se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, donde dice que el estado esta obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmo y ratifico este pacto, por lo que está obligada a respetarlo.
Se vulnera el artículo 47 de la Constitución Española, que dice literalmente: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística.”
Los desalojos por causas económicas (es decir, por falta de ingresos), no sólo atentan contra las necesidades más elementales de la población en un contexto de crisis, sino que además incumplen con la legalidad del propio estado.
Ante la vulneración sistemática de nuestros derechos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hace un llamamiento a la acción. Estamos convencidos que ha llegado el momento de alzar nuestra voz y gritar: ¡No permitiremos mas desalojos! ¡No dejaremos que el banco nos eche de casa! ¿No permitiremos que sigáis traficando con nuestras necesidades!
vía STOP DESAHUCIOS « Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH-.
Sindicato de Inquilinas de VigoTui-Bm 