Pedimos a todas las fuerzas políticas que no aprueben ninguna Ley de Vivienda que no regule el precio del alquiler

Este mediodía, el Ministro Ábalos ha ofrecido una rueda de prensa en nombre del PSOE, en la que ha afirmado que no quieren regular los precios de los alquileres (aseguran que prefieren adoptar medidas fiscales). En otras palabras, han amenazado con romper el acuerdo que firmaron para formar Gobierno y para cerrar los presupuestos, con UP y con las fuerzas parlamentarias de la investidura. 

Se trata, en realidad, de un acuerdo que asumieron con la sociedad civil: el acuerdo presupuestario llegó poco después de que más de 9.000 organizaciones sociales pidieran al Gobierno que regulase los alquileres. Más aún, hace apenas una semana los sindicatos mayoritarios junto a organizaciones sociales de todo el territorio recordaron al Gobierno su compromiso de elaborar una ley de vivienda a la altura de las circunstancias.

Una vez más, el PSOE cede ante las presiones de la patronal inmobiliaria y los fondos buitre. Si se confirma la propuesta explicada por el Ministro Ábalos, los fondos buitres no sólo habrán conseguido permiso para seguir especulando sin límites, sino que además gozarán de nuevos favores fiscales que vaciarán las arcas públicas de la sanidad, la educación o las políticas de vivienda. En resumen, más favores fiscales para los que más tienen.

Las protestas que llevan una semana estallando en las calles han señalado una profunda crisis democrática. Es responsabilidad del Gobierno no aumentar todavía más la desafección política incumpliendo sus promesas para contentar a los bancos y los fondos buitre. Este anuncio es simplemente intolerable: supone no solo pisotear los acuerdos adquiridos y dar la espalda a la sociedad civil, sino condenar a millones de personas a abusos en el mercado de la vivienda.

Por todo esto, pedimos al resto de fuerzas políticas que NO apoyen ninguna propuesta de Ley de Vivienda que no incluya la regulación de alquileres en los términos en que el PSOE se ha comprometido repetidas veces: en el acuerdo de Gobierno, en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado y en declaraciones del ministro Ábalos en sede parlamentaria.

Llevamos meses oyendo hablar de las intenciones del Gobierno a presentar en el Congreso una Ley de Vivienda. Una propuesta que, de realizarse en las condiciones necesarias, abriría una puerta a que de una vez por todas se cumpla el artículo 47 de la Constitución, así como empezar a legislar según marcan los dictámenes de Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal Europeo.

Los constantes titulares dejan ver lo descafeinada que puede llegar a ser esta ley. Para que la ley sea realmente lo que la ciudadanía sea lo que necesitamos y que el Gobierne deje de hincar la rodilla ante la presión de los lobbies, la sociedad civil nos organizamos.

Medio centenar de organizaciones hemos impulsado la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda. Juntas elaboramos un decálogo de 8 puntos imprescindibles, que la ley debe recoger, así como una batería de medidas para hacerlos efectivos.

El primer punto y de una importancia vital, es que la ley, debe garantizar el derecho a una vivienda digna, como derecho subjetivo. Garantizando así, que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.

El reconocimiento del Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo, implica que pase a ser exigible ante Administraciones y Tribunales. Es decir, creando la obligación de los poderes públicos de disponer los medios precisos para garantizarlo desde el mismo momento de la aprobación de esta Ley.

Para que esto sea así, la vivienda debe ser:

• Digna: con condiciones materiales aceptables en cuanto a habitabilidad, seguridad, aislamiento térmico, garantía de suministros básicos (luz, gas y agua) y telecomunicaciones para evitar la brecha digital.
• Adecuada: en función del número de miembros de la unidad familiar y sus necesidades.
• Asequible: el esfuerzo de las familias para el pago de la vivienda, incluidos los gastos fijos y de suministros básicos, no debería exceder del 30% de los ingresos.
• Accesible: para todas las personas que tengan necesidades de accesibilidad especiales.

En España hay más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el 3º Trimestre del 2020.

El 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos, y únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.

Mientras, hay 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores (INE 2011) y el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa.

Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, la Ley por el Derecho a la Vivienda será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio.

Las medidas que se han tomado para hacer frente a la emergencia sanitaria y la propagación del COVID-19 han supuesto un frenazo económico sin precedentes. En consecuencia, las instituciones públicas han activado planes, mecanismos e instrumentos que, pretendidamente, quieren detener el choque, reactivar la economía y recuperar la normalidad pre-pandemia. En este sentido, las grandes empresas están jugando un papel similar al de los bancos durante la crisis financiera de 2008: en un momento de alta incertidumbre se benefician de la política pública y son rescatadas

2. Reparto del dinero – que las grandes empresas se queden con los fondos

Hasta ahora las propuestas sobre la mesa se caracterizan por ser grandes proyectos, grandes empresas y grandes inversiones. Son proyectos de infraestructuras y reformas de gran dimensión, donde empresas como Endesa o Repsol se llevarán miles de millones de dinero público.

Vemos con preocupación que la tendencia de otorgar con urgencia, facilitar y flexibilizar el uso y el acceso de grandes empresas a los fondos Next Generation EU se materializa también en el Real Decreto Ley 36/2020, que hoy, jueves 28 de enero de 2021, está previsto que se convalide el Congreso.

Los fondos europeos deberían ir hacia el sector público, las pequeñas y medianas empresas (las PYMEs), las trabajadoras autónomas y la economía social y solidaria. Son las que más han sufrido la crisis, y al mismo tiempo son actores principales de nuestro tejido económico y los que más puestos de trabajo crean. Son, además, los que tienen más potencial de transformar nuestra economía actual hacia una economía más verde, justa, inclusiva y, especialmente, más resiliente.

La mayoría de las propuestas para grandes proyectos que ahora están sobre la mesa, tendrán impactos ambientales y climáticos, pero también impactos graves sobre los territorios y las poblaciones locales. Estos proyectos pueden entrar en los planes de recuperación gracias a un lavado de cara verde descarado. Los que ganan son las grandes empresas contaminantes, como pueden ser Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol.

2 .No apuntan a las lecciones de la pandemia y pueden ser un lavado de cara verde (Greenwashing)

Sin duda, los criterios de elegibilidad, las listas de exclusión, las condicionalidades, la taxonomía, el principio de “no causar daño significativo” y cualquier elemento que determine qué es verde o qué es climático y qué no lo es, será clave para afrontar la emergencia climática.

La pandemia ha subrayado más aún si cabe la importancia de la inversión en salud y en los trabajos de cuidados, la actividad socialmente necesaria y la que no lo es. La dedicación de los fondos de recuperación debería estar centrada en proveer de estos recursos.

next-generation-eu

Carlota no Corazón

Dos conpas de Ferrol

«Foi-se unha grande da loita, artífice do sorriso de centos de familias, cómplice e fundadora de @PAHVIGO TUI, loitadora incansábel polos DDHH até o último día, pero sobre todo foi-se unha persoa marabillosa,valente, leal e xenerosa»

Este mércores 3 de febreiro de 2021, deixaba-nos a nosa compañeira Carlota

Carlota Pérez, formaba parte da Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) Vigo-Tui, só tiña 52 anos, unha cruel enfermidade acabou coa súa vida en poucos días.

Desde 2011 Carlota estivo presente no movemento antidesafiuzamentos e por unha vivenda digna, o seu compromiso, a profunda solidariedade e a súa xenerosidade, estivo sempre na intensa actividade polos dereitos civís e humanos. Un traballo incansábel e un compromiso coas «Condenadas da Terra», na loita polo dereito a unha vivenda e vida dignas. Combateu os abusos bancarios e buscou solucións residenciais a quen o necesitaba. Denunciaba a falta de investimentos en vivenda pública social, reivindicaba un parque de vivenda pública e promoveu a nosa alternativa de Lei de Vivenda da Galiza. A loita de Carlota está na mente de moitas e moitos de nós e a de todas as persoas que nos momentos máis difíciles sentiron o seu apoio e compromiso.

As compañeiras e compañeiros da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra – Stop Desafiuzamentos só temos palabras de agradecemento e lembranza, para tanta xenerosidade e amor. Carlota sempre na nosa memoria.

Vigo , a 3 de febreiro, de 2021

https://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com/2021/02/carlota-no-corazon.html

|||||||