Autor: Sindicato Inquilinas e Vivenda

Asina a petición para acabar cos desafiuzamentos en tempo de pandemia

Os máis dun millón de desahucios que sufriu a sociedade española, desde o inicio da crise anterior en 2008, foi unha vulneración injustificable dun dereito humano e constitucional tan importante como o da vivenda, soporte doutros dereitos fundamentais.

Como pode comprobarse polos datos do CGPJ os desahucios seguen sendo unha realidade cuotidiana. Con todo, e tal e como indicou Leilani Farha, ex?relatora de vivenda da ONU, a vivenda debería ser a primeira liña de defensa fronte ao Covid-19. Parece ser que non é o caso en España.

En tempos de pandemia estáselle pedindo á cidadanía que faga todo tipo de sacrificios e, en aras da saúde pública, recórtanselle liberdades e capacidade de movemento; é insistente o requerimiento de quedarse na súa casa. O noso estado social e de dereito non pode, ao mesmo tempo, mirar para outro lado ante a continuidade dos desahucios dun sector importante da poboación: a de familias e persoas vulnerables, poñendo en risco o seu saúde e a de todas.

Só nos días hábiles comprendidos entre o 4 e o 30 de xuño (únicos con actividade xudicial normal) executáronse en España 1.383 desahucios, de familias en situación de vulnerabilidade previa ao virus; o terceiro trimestre traerá cifras demoledoras á vista das convocatorias diarias para evitar os desahucios por parte das PAHs e dos numerosos grupos en loita pola vivenda. Desahucios, ata de Bankia e da SAREB, entidades de maioría de capital público, que debesen, xa que logo, actuar de forma coherente e comprometida co artigo 47 da Constitución.

A PAH e outras entidades sociais indicamos que as medidas iniciais que se aprobaron para paliar os efectos do Covid?19 en temas de vivenda supuxeron un alivio temporal para moitas persoas, pero que eran claramente insuficientes porque deixaban sen protección ás familias que xa estaban en vulnerabilidade con anterioridad ao estallido da pandemia, ás que tiñan procesos xudiciais en curso e ás que se viron obrigadas a vivir en precario debido á falta clamorosa dun parque público de vivenda, do que si dispoñen países da nosa contorna.

A recente supresión da moratoria das hipotecas e dos cortes de suministros, agravou máis a situación de vulnerabilidade das familias.

Por todo o expresado anteriormente, queremos recoller o máis absoluto apoio á petición da Plataforma de Afectados da Hipoteca e do resto de asociacións en defensa ao dereito á vivenda, para a aprobación inmediata dun novo decreto que suspenda TODOS os desahucios e cortes de suministros de familias vulnerables que carezan da alternativa habitacional, adoptando as compensacións adecuadas, no caso que fose necesario, nos desahucios de pequeno propietario.

A Moratoria deberá durar ata a entrada en vigor da nova lei de vivenda que deberá regular de forma definitiva a imposibilidad de levar a cabo desahucios sen alternativa habitacional, dando cumprimento ao art. 47 da Constitución e ás diferentes medidas que as Nacións Unidas recomenda ao estado español para dar cumprimento aos acordos internacionais subscritos por España en materia de Dereitos Humanos.

O teu apoio pode salvar vidas

Reclamemos ao Goberno a aprobación urxente dun decreto cos contidos expresados no párrafo anterior. Non só por Xustiza Social e en cumprimento dos Dereitos Humanos, nin para dar resposta ás indicacións do recente informe presentado por Philip Alston, relator especial da ONU sobre a extrema pobreza, nin tan só para cumprir cos dictames condenatorios a España por vulneración dese dereito, e coas recomendaciones que ambos conteñen, tamén e moi especialmente, por razóns de Saúde Pública.

Hoxe máis que nunca hai vidas en xogo.

Asina a petición para acabar cos desahucios en tempo de pandemia
Reclamemos ao Goberno a aprobación urxente dun decreto cos contidos expresados no párrafo anterior. Non só por Xustiza Social e en cumprimento dos Dereitos Humanos, tambén por razóns de Saúde Pública.

Más de 9.000 organizaciones piden al Gobierno que regule los alquileres

La proposición de los sindicatos de inquilinos para regular los precios del alquiler a nivel estatal está recibiendo un amplio apoyo social. Hoy, más de 9.000 organizaciones de alcance estatal impulsan un manifiesto en el que piden al Gobierno que apruebe una regulación basándose en la ley vigente en Catalunya. Esta iniciativa llega cuatro días después de la reunión que los sindicatos mantuvieron con el Vicepresidente Social del Gobierno, en la que este mostró su compromiso de trabajar para que el Estado legisle en las semanas que vienen.

Podéis leer el manifiesto a continuación. Y si queréis dar apoyo desde vuestra entidad u organización, lo podéis hacer aquí

Manifiesto de apoyo a una Ley de Regulación del Precio del Alquiler

Después de 12 años del inicio de la crisis económica, España sigue sufriendo un problema muy grave de vivienda que se manifiesta en forma de desahucios, pero también de dificultad de acceso a la vivienda y precariedad cada vez más generalizada. La situación del alquiler se ha vuelto insostenible: del 2013 al 2019 el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España. Es importante recordar que se trata de precios medios de contratos vigentes, hecho que explica que haya subidas de precio desorbitadas cuando vencen los contratos. Actualmente 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. En el último lustro, el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios. El 42% de la población española destina el 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

La realidad es que el acceso a la vivienda de la población depende de la relación entre los ingresos de las familias y los precios de mercado, dado que existe una enorme escasez de oferta social. A pesar de que hace falta aumentar el parque de vivienda protegida, pasarán muchos años antes de que podamos alcanzar este objetivo, así que es imprescindible contener los precios del alquiler para reducir el sobreesfuerzo de la población para acceder y mantenerse en la vivienda.
Si impulsar esta medida ya era necesario antes de la pandemia, la actual caída de ingresos de las familias la hacen aún más urgente. Por otra parte, hablamos de un problema que no solo afecta a quienes vivimos de alquiler o quieren acceder a una vivienda, sino al conjunto de la sociedad: los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de las familias, con un impacto negativo en toda la economía.
Teniendo en cuenta esta realidad, las entidades y organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro apoyo al llamamiento de los sindicatos de inquilinas e inquilinos para que se impulse una regulación de los precios del alquiler como la aprobada en Cataluña el pasado septiembre, con el principal objetivo de contener los precios del arrendamiento en los municipios con mercados tensionados.
Con el llamado que hoy hacemos público, queremos poner de manifiesto que la sociedad civil española está demandando a los poderes públicos y a los representantes políticos que adopten medidas para garantizar alquileres asequibles, paso ineludible para garantizar el derecho a la vivienda digna. Hace meses que esta problemática está en la agenda. Consideramos que ha llegado la hora de emprender medidas concretas que impliquen mejoras para los miles de familias asfixiadas que viven de alquiler, y para el conjunto de la sociedad. Por estos motivos, pedimos al Gobierno que apruebe una propuesta legislativa que permitirá actuar para abordarlo.

Así mismo, invitamos a todas las organizaciones y entidades ciudadanas a que den apoyo al presente manifiesto para que este cambio legal se convierta en una realidad. Podéis expresar vuestro apoyo en este formulario.

Carta al Gobierno: los Sindicatos de Inquilinas solicitamos una reunión urgente sobre la regulación de los alquileres

Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Excmo. Sr. Pablo Iglesias Turrión,

En el último lustro los alquileres han aumentado 30 veces más que los sueldos en España. Desde el 2013, el precio medio del alquiler ha subido más de un 50%, obligando a muchas familias a dedicar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. La situación es insostenible. Actualmente, 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. Este contexto de emergencia social se ha visto agravado por la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de ella.

El pasado mes de septiembre entró en vigor la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda en Cataluña. La ley, impulsada por el Sindicat de Llogateres de Catalunya, regula y modera los precios de los alquileres en viviendas de uso residencial que estén en un área con el mercado declarado “tenso”.

La iniciativa catalana coincide plenamente con las propuestas recogidas en el acuerdo de coalición a las que su Gobierno se comprometió. Concretamente, con las medidas normativas previstas para «poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado» (punto 2.9.3). Más específicamente, el acuerdo de coalición prevé habilitar las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para establecer índices de precios, y también en el caso de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado, de acuerdo con criterios objetivos. Estas dos medidas tienen el objetivo de regular las subidas abusivas del precio del alquiler. Además, el acuerdo hace referencia a los avances de aquellas comunidades que ya han definido un índice, para agilizar su puesta en marcha.

Siendo estas las propuestas fundacionales del ejecutivo español, no entenderíamos otra reacción a la ley catalana –que cuenta con el apoyo del resto de Sindicatos de Inquilinos del Estado– que respetarla, así como trabajar para su blindaje y extensión al resto de Comunidades Autónomas del Estado.

Al fin y al cabo, todas estas medidas no son sino el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Para poder tratar este asunto, trasladarles nuestras propuestas y trabajar conjuntamente para desarrollar iniciativas que garanticen el derecho a la vivienda, los Sindicatos de Inquilinas firmantes de esta carta les instamos a una reunión de urgencia. Es imprescindible dar respuesta a las necesidades de miles de personas y familias que ven atropellados sus derechos.

Atentamente,

Sindicat de Llogateres de Catalunya,
Sindicato de Inquilnas e Inquilinos de Madrid,
Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga,
Donostiako Maizterren Sindikatua,
Sindicato de Inquilinas de Zaragoza,
Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera

Malia a completa paralización da actividade xudicial en toda España producida do 14 de marzo ao 4 de xuño, no segundo trimestre de 2020 producíronse 1.383 desahucios.

O venres 25, publicouse o informe : Efectos da crise económica nos órganos xudiciais? que a Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial, onde se mostran os datos oficiais sobre desahucios no segundo trimestre deste ano.

1. Deshucios 2º trimestre: 1.383

2. Ejecuciones hipotecarias 300

3. Aluguer 1.013 73.25%

4. Outros 70

5. Total semestre 11.042

Sendo certo que os lanzamentos practicados descenderon un 90,6% no segundo trimestre de 2020, como consecuencia da alerta sanitaria por COVID-19, tamén é certo que nin de lonxe é debido ás medidas urxentes impulsadas polo Goberno. A situación extraordinaria que vivimos provocou unha disminución de todos os indicadores, diferentes ás de calquera outro periodo anterior, dificultan extraer conclusións dos datos que se presentan, polo que se aconsella tomar con cautela as variacións interanuales.

A realidade é obvia. Chegamos ao estado de alarma cunha media de 250 desahucios diarios, desahucios que se quedan fóra de calquera tipo de protección ante uns Decretos pensados só para casos de vulnerabilidade provocados pola COVID-19, que aínda así deixan a un amplo sector da sociedade fóra.

1.383 desahucios, en tan pouco espazo de tempo e na situación de pandemia que sufrimos, segue sendo unha cifra escandalosa que reafirma a necesidade dun Real Decreto que sexa unha morato real para todo tipo de desahucios. Un Decreto máis amplo de miras que o que queren prorrogar mañá. De non ser así, a sangría social que sufriremos a curto prazo coa reactivación dos 250 desahucios diarios pre estado de alarma, sumados aos que se provocasen por mor da actual crise, será insostenible e poñerá máis vidas en xogo que nunca.

Datos sobre desahucios do CGPJ

No período 2008 ao 2012, os datos do CGPJ son lamentablemente incompletos, xa que só deron daqueles partidos xudiciais que tiñan unha oficina de Servizo Común de Notificaciones e Embargos, excluíndose os lanzamentos, que son máis numerosos, do resto de Xulgados de 1ª Instancia. Xa que logo, mentres non se democraticen os datos, a PAH fixemos unha estimación aproximada para este período de 400.000 desahucios por EH [ argumentado no comunicado(*): Record de lanzamentos (desalojos) no 1er trimestre de 2012 e cifras silenciadas: dobre vergonza!, en https://afectadosporlahipoteca.com/category/media/comunicados/page/31/ ]e, como nunca deu os datos de desahucios por aluguer, nin por ocupación neste período, estimámolos facendo unha proxección en 32.000 e 3.000 anuais, respectivamente,non menos de 160.000 por impago de aluguer e de 15.000 por outras causas.

Desde 2013 ata a actualidade, utilizamos os datos completos que dá o CGPJ, desagregados tamén pola súa orixe: si proveñen de Ejecuciones Hipotecarias, Alugueres ou Outras Causas, que utilizamos habitualmente desde o Excel do CGPJ.

Desde a PAH mobilizámonos/mobilizámosnos en varias accións para esixir #DecretoStopDesahucios

Alugeiro Estable e Asequible

Moitos inquilinos están a verse na difícil situación de ter que pagar incluso o dobre A porcentaxe de poboación que vive de aluguer subiu moito nos últimos anos. Os salarios por contra non subiron ,pero non só iso é que aumentou a precariedade laboral

Esta situación viuse agravada con motivo da COVID19 ,moita xente perdeu o seu traballo ou a súa fonte de ingresos .O confinamento mostrounos o gravísimo porcentaxe de familias que viven en vivendas inadecuadas ou infraviviviendas .

Por isto este venres 11 saímos á rúa en Vigo diante do Marco ( Rua do Principe )

Non mais desafiuzamentos

Alugueiro Estable e adecuado

Parque Público da Vivenda