La Ley Vivienda PAH ha vuelto a ser registrada en el Congreso, empezando de nuevo todo el trámite administrativo, el PP tiene hasta el 12 de junio para volver a vetarla, o no.

Tras el inaceptable veto a la Ley Vivienda PAH el pasado 20 de marzo, muchas cosas han cambiado. Mientras debatimos, nosotras sí que hacemos esas cosas, cuál podría ser el mejor momento para registrar un recurso para levantar el veto, el 17 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional en la que considera que el Gobierno no puede alegar sin más que un proyecto afecta a los presupuestos, sino que debe justificar tal argumento y esto sólo es válido para los presupuestos en vigor en cada momento, por lo que no cabe argumentar sobre presupuestos futuros.

Llevamos meses diciéndolo, el Partido Popular, con la inestimable complicidad de Ciudadanos, están secuestrando la democracia y convirtiendo la Mesa del Congreso, en su cortijo particular donde frenar sistemáticamente cualquier propuesta de ley para que no sea debatida en el Congreso. Con esta actitud, lo único que hacen es reafirmarse como los auténticos enemigos del estado de bienestar de este país, vetando cualquier iniciativa que represente en un avance en nuestros derechos más fundamentales, como es el caso de la vivienda, para seguir legislando a favor  de la especulación, de la banca, de los fondos buitre y de las SOCIMIS. ¿La excusa? Los presupuestos del Estado. ¿Uno de sus últimos golpes de Estado a la democracia? El veto de la Ley Vivienda PAH.

Por suerte, la bofetada del Tribunal Constitucional ante este tipo de vetos, abrió la posibilidad a que la la Ley Vivienda PAH siga adelante y haya vuelto a ser registrada en el Congreso. Una ley que está elaborada pensando en que no afecte a los presupuestos. Por un lado, en la propia ley se aplaza la entrada en vigor de las medidas que pudieran afectarles a sucesivos ejercicios. Por otro, porque la mayor inversión de nuestras propuestas, pasaría por ampliar el parque público de vivienda, pero es una medida que se basa en movilizar los más de 3.500,000 de pisos vacíos en manos de la banca, no en nuevas construcciones como propone el PP en su Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Aun así nos parece lamentable, que ante la creciente emergencia habitacional, el partido de Mariano Rajoy, que ahora dispone hasta el 12 de junio como fecha límite para justificar un posible nuevo veto, siga basándose en cifras y no en vidas.

Vivimos unos tiempos en que el Derecho a la vivienda, es atacado constantemente en todos sus frentes, dejando cada vez más, a las familias en una situación absoluta de vulnerabilidad e indefensión.

Cada día vemos cómo se producen 174 desahucios. Desahucios silenciosos por ejecución hipotecaria, porque los bancos siguen haciendo de las suyas. Desahucios invisibles, ante cada contrato de alquiler no renovado por una ingente subida del precio medio, que las familias con sus medios sueldos, no pueden afrontar. Desahucios por ocupación, de esas familias que ante la pérdida de su hogar y sin una solución habitacional, a causa de una ley criminal y la falta de un parque de vivienda social, se han visto empujadas a elegir entre vivir en la calle o recuperar un piso vacío.

Cada día vemos como esa vivienda vacía en manos de la banca, rescatada con dinero público sin contraprestación social, en lugar de ser usada para garantizar un derecho fundamental a las familias, es tratada como una mercancía más con la que especular y es vendida a fondos buitre.

Cada día vemos como crece la burbuja del alquiler, que está expulsando a la gente de sus casas, de sus barrios e incluso de sus ciudades, en búsqueda de un lugar más asequible donde volver a construir su proyecto de vida . Un proyecto de vida, que a consecuencia de la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos promovida por el PP, saben de antemano que no va a durar más de tres años. Una reforma que nos está condenando a vivir como nómadas.

Cada día vemos como 5 millones de hogares sufren pobreza energética y cortes de luz, agua y gas, sin que las empresas suministradoras asuman ningún tipo de responsabilidad.

Ante estas situaciones, la Ley Vivienda PAH, es la única propuesta legislativa que recoge medidas para acabar con ellas y garantizar una vivienda digna, asequible, estable y acogedora para todas las familias. Así como la única que garantiza el cumplimiento de sentencias europeas o dictámenes internacionales. Una ley pionera que la propia ONU nombró como un referente mundial, en materia de vivienda, que debería replicarse en todos los países.

Ante esto, el bloque antisocial formado por PP y Ciudadanos, solo se han puesto de acuerdo en dos actuaciones, vetar la Ley Vivienda PAH  y sumarse al PDeCat, para criminalizar a las familias y fomentar una guerra entre ellas y pequeños propietarios. Pequeños propietarios a los que les han inculcado el miedo con mentiras y convirtiendo una situación anecdótica, comparada con la gravedad del problema real, para convertirla en la excusa para promover una nueva ley de desahucios exprés.

Desde la PAH seguiremos en pie, en las calles y donde sea necesario, para que el 12 de junio, no se repita el golpe de estado a la democracia con un nuevo veto a la Ley Vivienda PAH, permitiendo así que esta pueda ser debatida en el Congreso y que sea una auténtica mayoría parlamentaria, la que decida si quiere estar del lado de las familias, o del lado de los desahucios y la especulación.