El pasado 5 de abril, el grupo de Podemos registró una Propuesta de Ley encaminada a regular el mercado del alquiler. Esta Propuesta de Ley contiene avances que valoramos en positivo, ya que tienden a ampliar los derechos de las inquilinas. Sin embargo, estos mismos avances requieren ser más amplios para responder adecuadamente a la emergencia habitacional actual.

Sobre la duración contractual, es positivo que se plantee ampliar la duración de los 3 años actuales a 5 años, con prórroga por otros 5. E incluso la creación de un contrato de régimen protegido de 10 años prorrogables por otros 10. Sin embargo, para garantizar que las familias puedan plantearse proyectos largos de vida, es necesario añadir que existan contratos ordinarios de alquiler que sean directamente de 10 años, prorrogables por otros 10 en casos de alquileres formalizados con grandes tenedores como pueden ser bancos y grandes inmobiliarias.

Además, es necesario incluir la legislación de alquileres indefinidos para personas de la tercera edad, personas con discapacidades, víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables. Una fórmula que de hecho ya existe en la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda, que fue resultado de un proceso de negociación entre las PAHs Valencianas y los grupos parlamentarios. Es necesario recordar a este respecto, que en países como Alemania, Austria y Suecia los alquileres indefinidos son una realidad accesible para la ciudadanía, porque ante todo hablamos de un derecho tan básico como es la educación y la sanidad.

Respecto al precio, es positivo que se plantee la creación de un índice de referencia de precios del alquiler, que marque precios adecuados según las características de las viviendas y la renta familiar. Sin embargo, en la propuesta de Podemos este índice sólo podría aplicarse en ciertas áreas urbanas establecidas temporalmente desde las Comunidades Autónomas, exceptuando las grandes ciudades de Madrid y Barcelona. A este respecto, recordamos que la emergencia habitacional del alquiler no sólo se sufre en las grandes ciudades.

Los desahucios por alquiler son un fenómeno que existe en Valencia, en Sevilla, en Cartagena, Murcia… y en el conjunto del país. De hecho, son los desahucios que estadísticamente más están aumentando. Es por tanto necesario dotar a todos los Ayuntamientos de la capacidad de generar estos índices, que como en Alemania puedan ser permanentes, para no sólo evitar la burbuja de los precios del alquiler que atravesamos actualmente sino para sentar las bases de un modelo donde el Derecho a la Vivienda sea real.

Por último, valoramos que Podemos plantee legislar el tanteo y retracto: un mecanismo que permitiría a las Administraciones y las inquilinas tener preferencia de compra de las viviendas en caso de que el propietario pacte una venta. Esta medida sin duda supone un freno a los Fondos Buitre y las Socimis que actualmente acuden a las ciudades para comprar bloques enteros de vivienda, tras lo cual expulsan a las vecinas subiendo los precios y practicando el acoso inmobiliario. Sin embargo, es necesario llegar mucho más lejos, planteando la creación de un parque público de alquiler.

Desde la PAH proponemos que se genere ese parque público forzando a la banca, a los fondos buitre y de titulización a ceder las viviendas que mantengan injustificadamente vacías. Ya que muchos de estos grandes actores mantienen las viviendas vacías únicamente para generar escasez de oferta y poder mantener los precios elevados, especulando así con un derecho tan básico como es la vivienda. Estas cesiones obligatorias se realizarían a la Administración Municipal durante períodos de diez años, donde se podría realojar a las familias vulnerables mediante alquileres sociales.

En esta misma línea, es necesario conseguir la cesión del 100% de las viviendas de la SAREB, un instrumento creado únicamente para especular con viviendas de las que se han desahuciado familias. Además de legislar la imposibilidad de que se realicen ventas de vivienda pública, como ocurrió con la venta de Ana Botella de 1.860 viviendas públicas de Madrid al fondo buitre Blackstone.

A este respecto, instamos al grupo de Podemos de que incluya todas estas demandas en su propuesta de ley en caso de que entre a trámite y se abra un proceso de enmiendas que posibilite su modificación. Y más importante aún,recordamos que todas estas demandas están recogidas en la Ley de Vivienda de la PAH, un texto que no sólo frenaría la burbuja del alquiler, sino que acabaría con los desahucios hipotecarios y la pobreza energética; y es que es la voz de las afectadas la que escribe esta propuesta de Ley, la que conoce y sufre la situación real y, por tanto, cuáles son las soluciones necesarias.

A pesar de que la Ley Vivienda PAH fue vetada por el PP y Ciudadanos de manera injustificada, imposibilitando su debate democrático, existe la posibilidad de presentar un recurso que fuerce a la Mesa del Congreso a considerar por segunda vez la tramitación de esta ley tan necesaria. Hasta que llegue ese momento, nosotras seguiremos reivindicando nuestras demandas, ya que las hacemos reales cada día parando desahucios, realojando familias en pisos vacíos de la banca mediante la campaña de la Obra Social PAH y paralizando cortes de suministros.

Estamos firmemente convencidas que en estos meses hemos sido capaces de trasladar el debate de la vivienda a la calle, volviendo a incidir en la agenda política. Sin embargo, los partidos políticos han vuelto a desoír las demandas ciudadanas interponiendo sus proposiciones de ley que son a todas luces insuficientes para resolver el problema de cientos de familias en este país. Estamos seguras de que finalmente primará el sentido común, sumándose a nuestras demandas que dan respuesta a los problemas cotidianos y pretenden ser una herramienta para lograr que el artículo 47 se cumpla con todas las garantías en el estado español. 

¡Sí Se Puede!

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