Articulo de Carlos Macias

 

Una de las pegatinas más utilizadas en las acciones de la PAH dice: “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de sus casas”. Pero las entidades financieras no podrían hacer todo eso sin la complicidad de los diferentes gobiernos e instituciones. Hay días en que esto se ve más claro que nunca: en julio el abogado general de la Unión Europea emitió su dictamen respecto a la retroactividad de la cláusula suelo, considerando que la devolución de las cantidades cobradas de más por aplicación de esta cláusula sólo deben hacerse desde el año 2013, asumiendo así la antijurídica doctrina del Tribunal Supremo. El informe, que tendrá que valorar el TJUE a la hora de emitir la sentencia definitiva sobre si las entidades financieras deben devolver lo cobrado de más desde la aplicación de esta clausula abusiva o sólo desde el mes de mayo de 2013, ha supuesto un varapalo para todos los afectados por las hipotecas, pues supone primar el interés económico de la banca frente a los intereses de la ciudadanía. Si bien es cierto que hace pocos meses, la Comisión Europea se pronunció a favor de que se devolvería todo lo robado desde el inicio del contrato, hoy el abogado del TJUE marca un camino injusto para la sentencia que está pendiente de ser emitida por el Tribunal europeo y que se espera para el próximo otoño.

Imaginemos un atracador que, en plena faena, y cuando está recogiendo las bolsas del dinero que va a robar, le sorprende la policía, y le dice «llévate lo que has cargado, pero no cojas más y vete». Esto es lo que hizo el Tribunal Supremo de España al limitar las devoluciones, y lo que ratifica ahora este presunto letrado de la ciudadanía europea. Tampoco debemos olvidar que el gobierno de Rajoy, nombró a dedo como magistrado del Supremo a Sastre Papiol, que procedía directamente de la Asesoría Jurídica de La Caixa.

Lo curioso de este pronunciamiento no es que se posicione del lado de la banca, algo que poco nos puede sorprender a estas alturas de las instituciones europeas o españolas, si no, que una vez más se esgrimen argumentos macroeconómicos y antijurídicos que desatienden a la reparación del daño a las víctimas de esta estafa. Es decir, se esgrimen los argumentos que hagan falta (y si no existen se los inventan) para seguir manteniendo los privilegios de la banca. A lo mejor somos nosotros los que estamos equivocados, tienen razón los que suscriben las versiones oficiales y «esto lo hacen para salvarnos a todos». A nosotros nos cuesta creerlo, cuando hemos podido comprobar cómo la existencia de una cláusula suelo es, en muchos casos, lo que hace posible pagar o no la hipoteca. Nos cuesta creer que la banca que ha sido rescatada con más de 200.000 millones de euros no pueda ahora devolver a las familias a las que ha robado unos 3.000 millones de euros. Nos indigna que en ningún momento se haya calculado el número de familias que han perdido sus hogares, han sido desahuciadas y condenadas a deudas perpetuas por culpa de estas cláusulas. Nos avergüenza, el mensaje del abogado de la UE a las estafadas «reconocemos que os han robado, y os van a devolver algo… pero solo un poquito, que la perjudicada ahora es la banca y ustedes ya saben quién manda, aquí y en Madrid».

Nos surgen muchas preguntas a raíz del posicionamiento del abogado del TJUE. Si hemos rescatado a la banca con más de 200.000 millones de euros públicos, sin ninguna contrapartida social a cambio, sin que se paralizasen los desahucios, se hiciesen alquileres sociales, se liberase a las familias de deudas de por vida o sin ampliar el escaso parque público de viviendas con las miles vacías que acumula la banca y los fondos buitres, ¿cómo es posible que ahora premien sus abusos y les impongan una condena reducida? Las instituciones europeas y españolas nos dicen que la banca no puede asumir sus errores y que ellas están ahí para protegerla. Luego se rasgarán las vestiduras sorprendidas de su propio descrédito. Quizás, es hora de exigir a las instituciones europeas, que han marcado el rescate bancario español, y al gobierno, si es que en algún momento lo hay, un plan de retorno del rescate bancario y sobre todo, la reparación del daño a las víctimas de la estafa hipotecaria. Cuando se produce una vulneración de Derechos Humanos, es necesario reparar el daño lo que en este caso se traduce en devolver lo que han robado, sin reducciones ni paliativos. De momento, el economista jefe del Deustche Bank acaba de pedir 150.000 millones más de rescate para todos los bancos europeos y el Gobierno italiano está a punto de rescatar a todo su sector bancario, así que ya sabemos lo que nos espera si no elevamos la presión social.

Cuando salen estos dictámenes, nos preguntamos si las instituciones europeas, o las españolas, nos servirán, en algún momento, para velar por los derechos de las personas o seguirán como hasta ahora garantizando (aunque eso suponga actuar con argumentos antijurídicos) los privilegios de la banca. La respuesta, para nosotras, es segura: nos toca seguir organizadas en la calle exigiendo nuestros derechos y auto tutelándonoslos. La práctica diaria nos demuestra, que aunque no quieran, ¡se puede! y hoy queremos recordar que se pueden parar los desahucios, liberar a las familias de las deudas, realojarlas en viviendas vacías de la banca… y por ende, se puede poner fin a la connivencia política e institucional con la banca.

Esperemos que el TJUE sepa hacer justicia. La sentencia saldrá previsiblemente, en otoño («autumn is coming»). Y qué hacemos ahora? Pues que todas las afectadas vayan a su PAH más cercana para recuperar el derecho a la vivienda, porque, a diferencia de las instituciones fallidas, la lucha de la gente sí se ha demostrado útil.

<p><a href=»https://vimeo.com/179683480″>Untitled</a> from <a href=»https://vimeo.com/user44136020″>PAHVigoTui-BM</a> on <a href=»https://vimeo.com»>Vimeo</a>.</p> 

Os principais responsables da crise atópanse nos consellos de administración das entidades financeiras.
Desde o estalido da crise centenares miles de millóns de euros públicos foron destinados ao rescate das entidades financeiras, mentres os seus propietarios tomaron constantes decisións co obxectivo de incrementar o seu capital e enriquecerse aínda máis á conta dos dereitos fundamentais das grandes maiorías sociais. Os poderes públicos han cargado a factura das entidades financeiras ao conxunto da poboación en forma de salvaxes recortes sociais e en privatización de bens colectivos. Están a recortarse servizos públicos tan básicos que limitan o noso dereito á saúde, á educación e á vivenda, e hanse ensañado cos sectores máis vulnerables: persoas pensionistas, paradas, precarias, dependentes, novas, mulleres, migrantes.
Ademais, centenares de miles de vivendas están a ser acumuladas polas entidades financeiras en clamorosa comisión do delito consistente en acaparar un ben de primeira necesidade coa finalidade de alterar artificialmente o prezo das cousas.
Catrocentas mil execucións hipotecarias foron realizadas desde que estalou a crise. Hipotécalas lixo foron creadas polas entidades financeiras durante a burbulla inmobiliaria. A comercialización de hipotecas mostrouse altamente prexudicial e seguiu unha práctica xeneralizada que non podemos denominar máis nada que como unha estafa sistemática. As entidades financeiras enganaron acerca dos verdadeiros riscos que corrían as persoas ao asinar unha hipoteca. Comercializaron produtos financeiros altamente tóxicos co dramático resultado de centenares de miles de execucións hipotecarias, desafiuzamentos e débedas perpetuas, baseados nunha norma declarada ilegal pola Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 14 de marzo de 2013. A estafa hipotecaria e as execucións hipotecarias masivas teñen gravísimas consecuencias para as persoas que se concretaron nunha violación sistemática dos dereitos humanos.

A sentenza de Tribunal de Xustiza da Unión Europea ha evidenciado que existen responsables políticos e administrativos da non trasposición á normativa española da Directiva Europea 93-13 en grave prexuízo para os debedores habitacionales co resultado de centenares de miles de execucións e desafiuzamentos ilegais realizadas polos Tribunais a instancia das entidades financeiras. Centos de miles de vítimas de violacións de dereitos humanos esixen depúrense responsabilidades. 
Despois da recollida de máis dun 1.400.000 firmas, as Cortes consumaron o rexeitamento á Iniciativa Lexislativa Popular que expuña a moratoria de desafiuzamentos, a dación en pago retroactiva e o aluguer social. A pesar de todo, a maioría da sociedade segue apoiando as propostas contidas na ILP. Fixemos unha proposta de mínimos, unha proposta de emerxencia social, e rexeitárona.Agora demandamos que se lexisle unha Lei da Vivenda como se fixo en Cataluña ou a Lei Andluza ,pq demostran que se poida que só é necesario Vontade Politica 
Agora esiximos #As5DeLaPAH

Ante este recorte de dereitos e de liberdades facemos unha chamada ao conxunto da sociedade civil a poñerse en marcha contra a estafa hipotecaria e a impunidade financeira. A loita continua. Non imos permanecer parade@s.

Seguimos adiante, Subimos as apostas, polo dereito á vivenda para tod@s, contra a impunidade financeira e contra a estafa hipotecaria.
Si se pode!!