Categoría: Novas

50 familias da Coruña en risco de desafiuzamento

Estes dias coñecemos que veciños e veciñas da Patiña, que desde fai anos atravesan unha delicada situación. O edificio, integrado por vivendas de entre 60 e 80 metros cadrados levantado a finais dos 90 pola constructora Fadesa coa colaboración inicial da Xunta, derivou trala crise económica á consultora Altamira, pertencente ao Banco de Santander e finalmente o pasado marzo en mans da inmobiliaria Haxa Real Está S.A.Ou., participada polo fondo voitre norteamericano Cerberus e que conta entre os seus altos directivos con José María Aznar Botella, fillo mellor do expresidente do Goberno.
ou. Unhas vivendas que foron feitas en parte con fondos públicos a mediados dos anos 90 cun aval, un crédito duns 400 millóns de pesetas daqueles anos e finalmente acaba en mans dun fondo voitre que se aproveita ademais das facilidades aprobadas en diferentes leis polos gobernos, facilidades que van desde bonificaciones fiscais ata axudas públicas para facer negocio»

A Xunta de Galicia ten que dar solución á xente da Patiña. Ten que actuar como un Goberno que defende á maioría e non aos especuladores.O que hai aquí é algo escandaloso.
Ou a Xunta ponse ao lado dos especuladores» ou á beira do dereito a vivenda como un dereito básico da cidadanía.

Os desahucios duplicáronse en Galicia no primeiro trimestre ata alcanzar os 648 (eran 303 no mesmo periodo de 2018), segundo os datos que publica este luns o Consello Xeral do Poder Xudicial.

O 77% destes lanzamentos (502) foron pola Lei de Arrendamentos Urbanos (LAU), mentres que 110 casos producíronse por ejecuciones hipotecarias. Os 36 desahucios restantes debéronse a outros motivos.

Os desahucios por aluguer incrementáronse un 146% neste periodo (soben de 204 a 502), mentres que os de ejecución hipotecaria eleváronse un 23,6% (pasa de 89 a 110).

Solidaridad con INGRID

Ingrid, junto a la PAH de Hospitalet, lleva acampada delante del Ayuntamiento desde el pasado miércoles exigiendo una solución habitacional.

El pasado miércoles 31 de julio, Ingrid junto a su hijo de 5 años, fueron desahuciados de un piso de Kutxabank. La familia venía de un proceso de impago de alquiler desde el pasado año. Debido a una subida del alquiler y la pérdida de recursos de la familia no pudieron hacer frente a las cuotas y sufrieron un desahucio sin alternativa habitacional. Gracias a la solidaridad y ayuda de la PAH, la familia pudo recuperar un piso en manos de la banca, en este caso de Kutxabanc, que estaba incumpliendo su función social ya que se encontraba vacío y la vivienda es para vivir, no para especular.

El pasado 31 de julio, la familia fue desahuciada sin realojo garantizado, ni por parte de la entidad financiera que no accedió a hacer un alquiler social, ni por parte de la Administración a realojarla en la Mesa de emergencia, tal y como prevé la Ley 24/2015.

Sin alternativa habitacional, Ingrid y su hijo, junto a las compañeras de PAH Hospitalet, iniciaron el mismo miércoles 31 de julio una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Hospitalet. Durante este tiempo han ido a acompañarlas diferentes entidades sociales y las PAHs del territorio catalán. La respuesta de Servicios Sociales ha sido que se busquen un piso para vivir y que les ayudarán para la entrada. ¿Y luego qué? ¿Otro desahucio? Está claro que la alternativa del Ayuntamiento no es una solución para Ingrid. En primer lugar porque con sus ingresos y una deuda del primer piso del que fue desahuciada nadie le alquilará ninguna vivienda, y en el supuesto, casi imposible, de que lo consiguiera, el primer mes ya no lo podría pagar. Es inaudito que la solución sea responsabilizar más a la familia que ha sido desahuciada, criminalizándola y culpándola por su situación. Mientras la Administración durante estos años ha sido incapaz de buscar soluciones y medidas para ampliar el parque de vivienda pública inexistente de la ciudad.

Exigimos una solución digna para Ingrid y su familia. No es el primer caso en que el Ayuntamiento de Hospitalet vulnera el derecho a una vivienda digna a sus vecinas. Es por eso que queremos remarcar y denunciar las políticas de vivienda que llevan años perpetuándose en esta ciudad. El actual regidor de vivienda y el nuevo gobierno municipal ningunean y hacen caso omiso, tanto a una Ley Catalana, la Ley 24/2015, que dice claramente en su artículo 5.6. «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio», como al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, que prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional. Para Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet por el PSOE, el derecho a la vivienda de la ciudadanía no es más que papel para tirar a la basura.

Desde la PAH, lo tenemos claro, no vamos de dejar a las familias en la cuneta, vamos a luchar con ellas hasta conseguir nuestros derechos, y es que tener un hogar no debería ser un lujo, sino un derecho para toda la ciudadanía.

¡La #acamPAHdaHospitalet sigue! Necesitamos tu ayuda, acércate a la plaza y colabora con nosotras. Montando un taller, una charla debate sobre derechos humanos, acércate y pregunta por las comPAHs de PAH Hospitalet.

¡Frente a la inacción de las administraciones, autoorganización ciudadana!

¡Sí se puede!

Aumento dos desafiuzamentos por impago do Aluguer

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As cifras son aterradoras e no primeiro trimestre de 2019 levamos xa 15.559 desafiuzamentos. O 65,9 % (10.224) son xa derivados pola crecente burbulla especulativa cos prezos de o aluguer, iso que non contemplan os desafiuzamentos silenciosos, os provocados por non renovación ao non poder afrontar as subidas inasumibles, o 27,9 % (4.341) derivouse de execucións hipotecarias e os 994 restantes obedeceron a outras causas.

Fronte a iso de momento agora como antes só temos os nosos corpos para parar esta lacra que envía a miles e miles de familias a situacións onde non existe alternativa habitacional

Casi cuatro de cada 10 españoles apoyan poner límite a los precios de alquiler

Casi cuatro de cada 10 españoles, un 37,7% concretamente, está de acuerdo con poner límites a los precios de los alquileres, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El barómetro de julio del CIS, publicado este miércoles, dedica un apartado específico a preguntas sobre vivienda. Entre otras, pide a los encuestados (la muestra fue de 2.974 personas) que diga si cree que tener una vivienda digna es un derecho que debe ser protegido de manera activa por el Gobierno. Un 90,2% de los encuestados responde afirmativamente a esa cuestión, frente a un 6,2% que lo hace negativamente.

A continuación, la encuesta preguntó a quienes habían respondido afirmativamente que dijeran por qué medios debían los políticos proteger esos derechos. Como respuestas se proponían varias opciones no excluyentes; es decir, cada persona podía decir con cuántas de esas posibles soluciones estaba de acuerdo. La que mayor consenso generó (un 52,2%) fue construir vivienda social para personas con pocos recursos económicos. Le siguen la de dar préstamos baratos para comprar casas (49,9%), fomentar la construcción de vivienda con precios asequibles para la clase media (46,9%), hacer una política de limitación del precio de los alquileres (41,8%), crear un parque público suficiente de viviendas en alquiler (38,3%) y socializar el suelo para que no encarezca el precio (31,4%).

Esos porcentajes se refieren solo a las personas que compartían la afirmación de que la vivienda es un derecho que el Gobierno debe proteger. Al contabilizarlo sobre el total de la muestra de la encuesta, bajan ligeramente. Por ejemplo, quienes apoyan los límites a las rentas de alquiler son un 41,8% de los primeros, pero sobre el conjunto de los encuestados representan un 37,7%.

Un 18,4% de inquilinos

Al margen de esta cuestión, el CIS también preguntó por la forma de tenencia de la casa donde vivían los encuestados y cuál sería su deseo al respecto. De estas variables se desprende que un 18,4% de los españoles viven ya de alquiler. El porcentaje no deja de crecer desde hace 10 año

Fuente El PAIS

La PAH te cuenta en que te afecta la nueva Ley Hipotecaria

El 17 de junio de 2019, entró en vigor la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, una ley de maquillaje para las entidades financieras.

Desde la PAH llevamos 10 años denunciando la estafa hipotecaria, denunciando que nuestra ley hipotecaria es absolutamente abusiva e ilegal, como ha corroborado el Tribunal de Justicia Europeo en reiteradas ocasiones. Hoy con la entrada en vigor de una reformada LCI, se pierde una nueva oportunidad de legislar acorde con los estándares europeos. 

¿A qué nos enfrentamos? Estas son las novedades:

1. Gastos hipotecarios

Positivo: A partir de ahora los bancos pagarán los gastos de notaria, de gestoría, ni el impuesto de actos jurídicos documentados.

Negativo: Seguiremos pagando los gastos derivados de la tasación.

2. Comisiones

Positivo: Se reducen las comisiones por amortización anticipada y desaparece la comisión por subrogación

Negativo: Se mantiene la comisión de apertura

3. Impagos

Si hasta ahora el banco podía reclamar la totalidad de la deuda vía ejecución hipotecario tras tres impagos, ahora será tras 12 impagos si nos encontramos en la primera mitad de vida del préstamo o tras 15 impagos si estamos en la segunda mitad. El resultado una mayor cantidad de deuda acumulada aumentando la dificultad para ponerse al día.

Una situación que convalida y blanquea la abusividad del Vencimiento Anticipado, una cláusula ya declarada abusiva por el Tribunal Superior Europeo

4. Intereses de demora

Se sitúa en un 3% contradiciendo al Tribunal Supremo que establece un máximo del 2%

5. Plazo de oposición a la ejecución hipotecaria

Se establece un nuevo plazo excepcional para aquellas hipotecas en marcha anteriores a 2013. Las afectadas, que no hayan podido defenderse alegando cláusulas abusivas, contaran con 10 días para alegaciones desde el siguiente a la notificación.

En resumen, nuevo maquillaje a favor de las entidades financiares que no resuelve en absoluto nuestros problemas y vuelve a dejar fuera nuestras principales demandas: la dación en pago retroactiva con extinción total de la deuda, los alquileres sociales, medidas para acabar con los desahucios, la responsabilidad limitada y el control de información de la cesión de crédito.

Todo sigue igual, si la vida te trata mal y no puedes seguir pagando, te quitan tu hogar y te dejan una deuda impagable de por vida. Toda una condena que desde la PAH vamos a seguir denunciando.

Con desobediencia civil pacífica hemos conseguido miles de daciones en pago, alquileres sociales y desahucios evitados, llegando donde no llega el Gobierno. Vamos a seguir movilizándonos y trabajando para cambiar las reglas del juego y lograr una legislación que proteja de una vez por todas a las familias y garantice el derecho a la vivienda para todas.

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