O Goberno xerará unha onda de cortes de subministración ao non prorrogar a moratoria A ampliación do “escudo social” non inclúe esta medida e deixa expostas a miles de familias vulnerables a partir do 1 de outubro Á espera de ler a letra pequena mañá no BOE, o Goberno central ha acordado non prorrogar polo momento a moratoria de cortes de subministracións en todos os fogares do Estado nunha decisión que pode conlevar consecuencias nefastas. Tras o Consello de Ministros celebrado hoxe, anunciouse a ampliación temporal do chamado “escudo social”, pero a garantía das subministracións de electricidade, gas e auga quedou fóra.
A pesar das boas intencións, e como xa repetimos en múltiples ocasións, o bono social é unha medida que non ofrece solucións reais ás persoas que padecen a pobreza enerxética, dado que moitas delas seguen sen poder facer fronte ás súas facturas, a pesar de contar cos correspondentes descontos. Ademais, non abarca as facturas de gas nin de auga, aumentando o grao de desprotección destas familias. Neste sentido, aínda que durante a rolda de prensa posterior ao Consello mencionouse a figura do bono social térmico, a realidade é que se trata dunha dotación única anual moi reducida (entre 25 e 123,94€), suxeita a dispoñibilidade orzamentaria e á cal moitas das participantes das nosas asembleas, a pesar de realizar os trámites establecidos, non puideron acceder aínda a día de hoxe.
Es cada vez más habitual, especialmente en campaña electoral: llegan los mítines y el populismo reaccionario saca a pasear viejos fantasmas para desviar la atención respecto a las causas de nuestros problemas. Para esconder su falta de propuestas e incluso defender ocurrencias que, en circunstancias normales, serían inadmisibles. ¿Que no quiero ver tantos pobres? Agitamos el espantajo del racismo. ¿Que la natalidad está por los suelos? Agitamos entonces la prohibición del aborto. Dime de qué careces y te diré qué miedo difundes.
El problema de la vivienda no está a salvo de estas maniobras inspiradas en Trump. Y no deja de sorprender. Cuando apenas hemos salido de una estafa hipotecaria brutal y ya nos encontramos en una burbuja del alquiler, debería ser fácil deducir que algo falla en el sistema. Sin embargo, antes de que nos dé por reflexionar sobre cuál es el origen de nuestra crisis habitacional, el trifachito ha decidido ponerse la máscara de Halloween para meternos miedo: cuidado, que vienen los okupas. Pero, ¿son las ocupaciones de primeras y segundas residencias un problema de primer orden, como dicen PP, Ciudadanos, Vox, e incluso PDeCat o PNV?
el trifachito ha decidido ponerse la máscara de Halloween para meternos miedo: cuidado, que vienen los okupas
Nada más alejado de la realidad. Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado. Lo decía el estudio del Institut Cerdà en 2017, financiado nada menos que por Banc Sabadell (entidad poco interesada en minimizar las ocupaciones). Y entre esas casas, solo una de cada diez es identificada como problemática. Es decir, las supuestas “mafias” que dañan la convivencia, que obsesionan a los populistas de derechas, a la telebasura y a las empresas de seguridad, son estadísticamente insignificantes: el 0,03% sobre el total de viviendas. Otro informe, del Observatori DESC, lo corrobora: el porcentaje de escaleras donde hay malas relaciones con quienes ocupan en precario tiende a ser estadísticamente anecdótico.
Aunque nos taladran día y noche con la historia de los jubilados a quienes le ocuparon su casa cuando se fueron de vacaciones, lo cierto es que es un problema muy residual. La mayor parte de ese 0,34% de casas ocupadas pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas. Y la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500 en todo el Estado, es absolutamente ridícula al lado de las más de 700.000 familias que han sido desahuciadas en la última década (expulsiones, por cierto, que en el 65% de casos han sido protagonizadas por bancos rescatados). O del número de casas vacías según el último censo: 3,5 millones en todo el Estado, un tercio de las viviendas no habitadas de todo Europa. Lo sorprendente es que la cifra de ocupaciones no se haya disparado. Que los barrios no hayan estallado.
La mayor parte de ese 0,34% de casas ocupadas pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas
Otro bulo muy repetido. “Los okupas son parásitos sociales que buscan cómo aprovecharse del trabajo y los impuestos de los demás”. Falso. Según la Obra Social BCN, de cada cuatro personas que ocupan, tres lo hacen porque no pueden pagarse una casa. Para no terminar bajo un puente. Porque la realidad es que los precios del mercado están totalmente desvinculados de los ingresos de la mayoría social, y no hay alternativas: la vivienda pública apenas llega al 2% del parque total, a años luz de la media europea (15%).
de cada cuatro personas que ocupan, tres lo hacen porque no pueden pagarse una casa
He ahí el meollo de la cuestión, que los populistas de derechas ocultan de forma sistemática. Detrás de las demonizadas ocupaciones hay un problema diez mil veces mayor: la especulación inmobiliaria que ellos promueven activamente. Solo hace falta recordar qué hizo el Gobierno del PP tras la gran crisis financiera. Se ha hablado mucho de cómo el Ejecutivo de Rajoy se negó a rescatar a millones de familias hundidas por la estafa hipotecaria mientras salvaba a los culpables. Sin embargo, lo sucedido en la última década es incluso más grave de lo que pensábamos.
Detrás de las demonizadas ocupaciones hay un problema diez mil veces mayor: la especulación inmobiliaria que ellos promueven activamente
Hay que remontarse a los meses que van entre 2012 y 2013. Las cajas y bancos, rescatados con nuestro dinero, se habían convertido en las mayores inmobiliarias del país. Había que sacar aquel enorme stock de vivienda, manchado de dolor y vidas rotas, al mercado. Como fuera. Había que reactivar la burbuja. Viendo que las generaciones más jóvenes (que son siempre la base del mercado inmobiliario) no podían acceder al crédito hipotecario y cada vez vivían más de alquiler, los poderes públicos facilitaron que la especulación pudiera trasladarse a ese terreno. Primero, pusieron la alfombra roja a fondos buitre como Blackstone para que pudieran acaparar buena parte de las viviendas y destinarlas al alquiler, a través de sociedades que empezaron a gozar de privilegios fiscales (las Socimis, que son las Sicav del sector inmobiliario). A renglón seguido, legislaron para quitarle derechos a los inquilinos, adaptando sus condiciones de vida a los planes de negocio de fondos y bancos. Redujeron la duración de los contratos. Facilitaron las expulsiones. Y así, en pleno crecimiento de la demanda, garantizaron una mayor rotación en el mercado y un aumento vertiginoso de los precios.
Los resultados de esta política estatal son conocidos. Los beneficios inmobiliarios se han triplicado, recuperando ya los niveles de 2007, año del estallido hipotecario. Pero lo han hecho a costa de empobrecer a millones de hogares y disparar los desahucios, que han vuelto a las cifras de los peores años de crisis financiera. Con la diferencia de que ahora son, sobre todo, por impago de alquiler. Y de que la amenaza de desahucio ya no afecta solo a los más pobres: la burbuja del alquiler se come en España más sueldo que en ningún otro país de la OCDE.
Habiendo un 13% de casas vacías sobre el total y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, ¿por qué elige el populismo de derechas hacer política en torno a lo segundo?
Habiendo un 13% de casas vacías sobre el total y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, ¿por qué elige el populismo de derechas hacer política en torno a lo segundo? ¿Por qué se ceban con esa minoría de okupas sin alternativa en lugar de abordar el problema de los fondos buitre o los 165 desahucios al día? Por un lado, creen que les es electoralmente rentable. Azuzar el miedo de millones de propietarios hablando de “mafias okupas” no soluciona nada, pero sale gratis y puede dar votos. Por otra parte, la derecha sirve a poderosos intereses privados, que están en guerra. El fantasma del okupa que se mete en tu casa cuando bajas la guardia es tanto un chivo expiatorio para encubrir las políticas pro-especulación como una herramienta para profundizar en ellas. Fue la base sobre la que justificaron la última vuelta de tuerca a la ley de desahucio exprés y ahora plantean reformas del código penal, cambios funcionales para empresas cuyo negocio consiste en vaciar edificios para alquilar y vender lo más rápido posible. En otras palabras, a quien sirven las derechas no es al pequeño propietario, sino al buitre que les llama por teléfono quejándose de que cuesta demasiado echar a la gente, o de los activistas que le han ocupado el edificio para exigir su expropiación. De hecho, buitres y políticos profesionales suelen coincidir en los mismos círculos de poder: Aznar, Aguirre, Pujol o Zaplana… son todos apellidos que suenan en los consejos de administración de fondos buitre.
No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación
Desengañémonos. No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación. Las familias que habitan una casa sin contrato, así como las que no tienen hogar, son expresiones de la mercantilización de la vivienda, que cada cinco minutos deja a alguien en la calle. Y mientras sigamos tratándola como un producto financiero, el problema irá a más. Nunca como hoy había sido tan urgente realizar cambios profundos, que pongan la vivienda a la altura de la sanidad y la educación. Nunca había sido tan necesario combatir la propaganda antisocial de quienes amparan a una minoría privilegiada a costa de la miseria de millones.
————-
Jaime Palomera es miembro del Sindicato de Inquilinas. Investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (UAB) y en la Hidra Cooperativa.
Diana Virgós es miembro del Sindicato de Inquilinas. Comunicadora en el Ayuntamiento de Gavá.
Na reunión de hoxe, tras unha análise da situación e de como chegamos ata aquí, mostramos o noso desacordo cos últimos decretos insuficientes e á práctica ineficaces, aprobados para axudar ás inquilinas e ás persoas hipotecadas. Expuxemos as nosas emendas para a tramitación parlamentaria do Proxecto de Lei do RDL 11/2020 e saímos co compromiso dunha nova reunión en xuño para profundar nelas, tras recoñecer a insuficiencia dos decretos aprobados ata o de agora. Emendas recollidas nun documento que xa fixemos chegar a todos os grupos parlamentarios, quedando por ver quen as defende e quen non. Ou o que é o mesmo, quen está ao lado das familias e quen. O noso obxectivo é que non se repita o sucedido na crise do 2008, que realmente non se deixa a ninguén atrás e que non sexa a cidadanía a que acabe pagando os efectos da crise sanitaria
As nosas emendas, que xa presentaremos en profundidade, céntranse en:
➤ Exoneracións do pago tanto de hipotecas como de alugueiros ate, como mínimo, o 31 de decembro do 2021, para as familias en situación de vulnerabilidade. Diferenciando claramente entre pequenos propietarios, grandes propietarios -a partir de máis de 5 vivendas- entidades financeiras, socimis e fondos de investimento e entidades públicas.
➤ Suspensión de todos os desafiuzamentos de unidades de convivencia sen alternativa residencial de forma indefinida ou, como mínimo, ate o 31 de decembro do 2021 e establecemento do xuízo de proporcionalidade que vén reclamando a España o Comité DESC.
➤ Extensión das medidas a todas aquelas familias que están en situación de vulnerabilidade, provocada previa ou durante a crise sanitaria
➤ Redución e modificación de requisitos que burocratizan o procedemento e que exclúen a moitas familias da aplicación das medidas.
➤ Alongar o tempo necesario a protección das medidas para facer fronte ás consecuencias da COVID-19, como mínimo ate 31 decembro do 2021, podendo adoptarse o criterio que permita obxectivar a recuperación económica (como o aumento do PIB ou do emprego).
➤ Obrigar á banca a revisar todas as solicitudes que fosen denegadas por incumprir os anteriores requisitos. Tanto en materia de hipotecas como de alugueiros, terán que ser revisadas por si cumprisen cos requisitos que aquí se inclúen.
➤ Parque público e función social da Vivenda. Desenvolvemento de medidas tendentes á utilización como Parque Público Temporal de vivendas inxustificadamente desocupadas en mans de grandes tenedores, como forma de corresponsabilidade social e compensación polo rescate anterior, para dar á Vivenda o tratamento que lle corresponde como ben social, apartándoa de ser un mero ben de consumo e especulación.
O resultado da reunión de hoxe, poderiamos valoralo de positivo xa que vimos unha clara predisposición a colaborar connosco e outras entidades sociais no desenvolvemento para garantir o Dereito á vivenda. alcanzamos o compromiso de manter reunións periódicas para a elaboración dunha Lei de Vivenda, que debería entrar en vigor nesta lexislatura, así como do próximo Plan Estatal de Vivenda e empezar a abordar como debe consolidarse o parque público tendo en conta a vivenda baleira e en mans de SAREB.
Queda moito traballo por diante. Máis cando lamentablemente esta crise volveu a demostrar o que a PAH leva denunciando nos seus 11 anos de existencia: que a vivenda é un dereito humano e que se debe garantir o seu acceso a todos os cidadán
O pasado 1 de abril, enmedio da crise sanitaria xerada pola COVID-19, publicouse un novo paquete de medidas aprobadas polo Goberno para facer fronte á situación, complementando a moratoria hipotecaria impulsada dúas semanas antes. Entre elas, atópanse medidas a ter en conta, aínda que claramente insuficientes, en materia de alugueres, hipotecas e outros créditos.
As medidas para hipotecas, sobre as cales xa advertimos que eran limitadas e insuficientes, tratarémola próximamente, ampliando o resumo e os documentos útiles que publicamos fai dúas semanas (consultar aquí resumo e documentos útiles para pedila).
Respecto de as medidas para alugueres, a PAH reclama que se exonere ás afectadas e que non haxa nin un euro máis de diñeiro público que poida subvencionar alugueres especulativos de grandes propietarios. En cambio, hai que compensar ao pequeno propietario que ten unha vivenda alugada a un prezo asequible para poder vivir e non pode chegar a un arranxo co seu inquilino.
Todo o mundo sabe que o problema da burbulla de prezos para inquilinas e inquilinos vén de antes da COVID-19. Demóstrano os 253.473 desahucios de aluguer de 2013 a 2019 en España, 65.410 en Catalunya e 16.149 en Barcelona. Á vez que freamos a curva de contaxio, fai falta protexer ás inquilinas dos impagos. E logo de gañar ao coronavirus haberá que doblegar a curva de desahucios: os acumulados e os que se fixarán si non se protexe agora ás inquilinas. Necesitamos un plan de choque social.
No entanto, aínda coas grandes limitacións das medidas que foron aprobadas, é importante facilitar información a quen este mes terán dificultades para pagar o aluguer.
Cales son as medidas para inquilinas que se aprobaron?
1) Suspensión excepcional dos desahucios de aluguer para fogares vulnerables sen alternativa: haberá que acreditar nos xulgados que a familia atópase nunha situación de vulnerabilidade sobrevenida por culpa da crise da COVID-19, lla poderá solicitar unha vez levántese o estado de alarma, xa que mentres dure os procedementos de desahucio e os prazos administrativos asociados están suspendidos. Tamén se poderán suspender os xuízos durante 6 meses ata o mes de outubro.
2) Prórroga dos alugueres que finalicen entre o 2 de abril e ata dous meses despois do fin do estado de alarma: por un máximo de 6 meses mantendo as mesmas condicións, e o arrendador deberá aceptar a solicitude, a non ser que haxa outro acordo máis beneficioso entre as partes.
3) Moratoria da débeda de aluguer en caso de grandes tenedores e empresas ou entidades públicas de vivenda: adiamento ou a condonación total ou parcial da mesma por acordo e senón haino, poderase solicitar ata o 2 de maio o adiamento temporal e extraordinario (moratoria). A Propiedade poderá elixir entre redución do 50% do aluguer durante o tempo que dure o estado de alarma e posteriores (máximo 4 meses) ou unha moratoria polo mesmo tempo deste que se pagará fraccionado sen intereses durante polo menos 3 anos sempre dentro da vixencia do contrato.
4) Modificación das condicións contractuales no caso de pequenos propietarios: adiamento ou a condonación total ou parcial dos alugueres con carácter voluntario-acordo; e si non se alcanza, poderase pedir ata o 2 de maio o adiamento temporal e extraordinario no pago da renda, ao cal a Propiedade debe responder en 7 días laborables as condicións que acepta ou posibles alternativas.
5) Avales estatais para pagar os alugueres e axudas públicas para devolver os microcréditos: os primeiros solicítanse ás entidades bancarias cun prazo de devolución de ata seis anos, prorrogables e sen gastos e intereses para o solicitante, por un importe máximo de 6 mensualidades e para ambas situacións (3 e 4). As axudas son para devolver as axudas transitorias de financiamento (microcréditos) daqueles fogares que non se recuperaron, ata 900 ?/mes e ata o 100% da renda de aluguer. Pediranse ás comunidades autónomas e aínda non están activas.
Entramos a miña familia e eu nestas medidas?
Para poder acollerse a calquera destas medidas, a unidade familiar debe estar e poder acreditar unha situación de vulnerabilidade económica definida pola lei (ver documento de resumo), cumprindo dous supostos: (a) situacións de impacto económico laboral por COVID-19 (desemprego, ERTE, redución de xornada por coidados en caso de ser empresario, outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos), sempre que os ingresos da unidade familiar non superen o mes anterior á moratoria os 1.613,52?* (3 IPREM mensual, con ampliacións por supostos concretos); e (b) cota de aluguer suministros ? 35% ingresos netos da unidade familiar.
O que me aluga é un gran tenedor-propietario ou un pequeno propietario?
É un gran tenedor a persoa física ou xurídica que sexa titular de máis de dez inmuebles urbanos (vivendas, locais, solares, edificios en construción), excluíndo garajes e trasteiros, ou unha superficie construída de máis de 1.500 m². O resto son considerados pequenos tenedores por esta lei (aínda que unha empresa con menos de 10 inmuebles ou un particular con 9 vivendas, debería ser considerado como tal).
Que prazos temos para solicitalas?
Moitos alugueres páganse antes do 2-5 de abril, polo que aínda que o prazo para a solicitude de condonaciones ou moratorias é ata o 2 de maio, si ten urxencia presentar canto antes os escritos e documentación acreditativa. Non hai que preocuparse polos prazos de solicitude para a suspensión dos desahucios de aluguer, xa que aplican a partir de que se levante o estado de alarma, estando actualmente parados.
Cando poderei acceder aos documentos útiles para solicitalas?
Para facilitar o empoderamiento e defensa das persoas e poidan beneficiarse das medidas, resumiuse todo iso nun documento coa información básica (ver achego).
Neste momento, estamos traballando xa en documentos útiles para solicitar tales medidas, que próximamente colgaremos nas nosas webs, priorizando primeiro os máis urxentes.
A lei que hai que consultar para máis información é o Real Decreto-Lei 11/2020, de 31 de marzo. As medidas de alugueres están nos artigos do 1 ao 15, e as de hipotecas e outros créditos nos artigos do 16 ao 27.
Este viernes, ASIPA, la reciente patronal estatal de los grandes tenedores (entre cuyos socios están las dos SOCIMIS más cotizadas del ladrillo español, MERLIN PROPERTIES y COLONIAL, o colosos del sector a nivel europeo como UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, o AZORA), ha hecho público un comunicado dirigido al GOBIERNO advirtiéndole de las consecuencias que tendría obligar a grandes tenedores de vivienda a condonar durante dos meses las rentas de alquiler para colectivos vulnerables afectados por el coronavirus.
Nos parece repugnante que los FONDOS BUITRE y las GRANDES FORTUNAS DEL ALQUILER, que no pagan los impuestos de sociedades debidos, que en su mayoría están radicadas en paraísos fiscales, que utilizan métodos mafiosos contra las familias vulnerables, y están vinculadas a portales inmobiliarios investigados por manipular los precios del alquiler de miles de viviendas como IDEALISTA, se estén aprovechando de la actual crisis derivada del coronavirus para chantajear al GOBIERNO.
La PAH reclama que se exonere a las afectadas y que no haya ni un euro más de dinero público que pueda subvencionar alquileres especulativos. Hay que compensar al pequeño propietario que tiene una vivienda alquilada a un precio asequible para poder vivir y no puede llegar a un arreglo con su inquilino, pero no a fondos especuladores.
Esta crisis no debe retrasar el control de precios de los alquileres y una normativa de vivienda que ponga coto a la burbuja inmobiliaria con la que estos tenedores se han lucrado. Se han de renovar los contratos no sólo evitando nuevas subidas abusivas sino ajustándolos a los ingresos de las familias.
Por otro lado, cada CCAA y Ayuntamiento está dando soluciones dispares para los afectados de vivienda pública. Exigimos, como alguna CCAA ya ha decidido, exoneración del alquiler para todas las familias de todo el parque público correspondiente, por lo que no cabe acumular deuda para los más vulnerables y un compromiso político claro de no hacer caja con la desgracia.
EN SUMINISTROS: Es notorio que las grandes suministradoras están teniendo beneficios millonarios
La PAH reclama que las medidas no sean restrictivas y que no se acumule deuda a las familias en precari, de manera aque sean las grandes empresas energéticas quienes, de sus beneficios, exoneren a las familias de ellas. Al contrario, es necesario una tarifa social para la recuperación económica de las familias y una renta básica.
Estas son las medidas que no dejarían a nadie atrás para un rescate ciudadano, dado que el Gobierno no se atreve a intervenir las empresas financieras y suministradoras para ponerlas en favor del interés general.
Si vamos a vencer a este virus será por el esfuerzo heroico de los trabajadores de la Sanidad y de otros trabajadores esenciales. Pero no podemos caer derrotados después por otro virus económico cuando muchas aún ni se han recuperado de la última burbuja inmobiliaria. Todo mero aplazamiento es esperar a que enterremos nuestros seres queridos para que el lobby bancario e inmobiliario vuelva a su proceso extractivo contra nosotras.
Sindicato de Inquilinas de VigoTui-Bm 