Este martes en el Congreso de los Diputados se vota la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago con efecto retroactivo, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. Las entidades promotoras de la ILP hemos conseguido un total de 1.402.854 firmas, lo que evidencia un clamor ciudadano para cambiar la legislación hipotecaria y poner fin al drama de miles de familias que se ven abocadas a la calle, sin vivienda y con una deuda de por vida.

La votación de la ILP para la dación en pago coincidirá con la votación de otra ILP, en este caso por la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, que según parece si será tomada en consideración –con menos de la mitad de firmas-. Este martes veremos qué prioridades son las que muestran tener los partidos políticos de este país. Consideramos que supondría un grave insulto a la democracia que el Congreso ni tan sólo tomara en consideración una demanda ciudadana con un apoyo tan amplio, muy superior incluso al número de votos que tienen algunos partidos con representación en el Congreso. Nos preguntamos para que sirven entonces las iniciativas legislativas populares y el requisito de recoger un mínimo de 500.000 firmas, si el Congreso puede rechazar sin considerar un texto que triplica esta cifra.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y el tercer trimestre de 2012 se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado Español. Las Comunidades Autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ranking de desahucios son Andalucía (con 81.160), Cataluña (79.043) y el País Valenciano (77.435).

Desde el principio de la crisis se han producido en el Estado español más de 400.000 desahucios
Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo. Por otro lado, a la pérdida del empleo y de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de efectos muy graves: en el estado español el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente –más intereses y costos judiciales- tanto a la persona afectada como a aquellos que la hayan avalado.

Así, mientras que las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con hipotecas impagables siguen abocadas a la exclusión social.

Hoy, día en el que el Congreso votará la aceptación a trámite de la ILP por la dación en pago, no acaba nada. Al contrario, sigue la lucha para garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país. Una vivienda digna es un elemento indispensable para garantizar el libre y correcto desarrollo de cualquier persona de nuestra sociedad. Se trata de un derecho necesario para poder ejercer otros, como el derecho al trabajo. No poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las necesidades de cada persona o familia es un factor de riesgo de cara a la exclusión social. A pesar de ello, la vivienda, a menudo, no se ha considerado un derecho, y si un negocio más por la libre especulación.

Pedimos a los 350 diputados del Congreso que voten hoy a favor de admitir a trámite la ILP por la dación en pago y el alquiler social. Por respeto democrático al millón y medio de ciudadanos que les han dado su apoyo y por respeto a las 400.000 familias que ya han perdido su vivienda.

Josep Maria Álvarez, Secretario General de UGT Catalunya

Vanesa Valiño, Directora del Observatorio DESC