Por si a alguien le quedaba alguna duda de para quien gobierna este Gobierno, el ejecutivo no ha querido desaprovechar este mes de agosto para aprobar un decretazo que de una vez termine con los pocos derechos que aun tenían los inquilinos en el estado español.

La reforma anunciada para ser aprobada en el Consejo de Ministros de hoy viernes 24 de agosto, prevee, entre otros: reducir los años del contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar aun más los desahucios por impago de alquiler, y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores inmobiliarios. Y todo ello sin aprobar ninguna medida que ayude a las personas que contra su voluntad sufren el desempleo y los recortes, y que en consecuencia no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.

La PAH desde su fundación en 2009 ha explicado que nos centramos en la denuncia de las ejecuciones hipotecarias por ser una de las caras más dramáticas de la crisis habitacional que afecta a millones de personas, pero que eramos muy conscientes de que ejecuciones y desalojos hipotecarios eran la punta del iceberg de un problema más amplio: la mercantilización de la vivienda y la vulneración sistemática del derecho a una vivienda digna en el estado español. Alquiler y compra son dos caras de una misma moneda: si muchas personas se hipotecaron en este país fue precisamente porque desde hace años los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido mermando los derechos de los inquilinos, haciendo que el alquiler no fuera una alternativa real para quienes legítimamente querían acceder a un hogar asequible y estable. Alquilar era oficialmente “tirar el dinero”, fiscalmente sólo desgravaba la compra y los inquilinos año tras año tenían menos derechos.

Y no sólo. La PAH también se da por aludida con esta nueva reforma en la medida en que la casi totalidad de las cientos de miles de personas que ya han sufrido o están sufriendo una ejecución hipotecaria pasan directamente al mercado del alquiler. Es decir, mientras no existan otras alternativas (como las cooperativas en régimen de cesión de uso, habituales en el norte de Europa y otros países), el destino inmediato de las personas afectadas por la hipoteca es el alquiler. Así, se da la paradoja que el Gobierno condena a las familias a sufrir la violencia de un desahucio varias veces en poco tiempo: primero por ejecución hipotecaria, después en el mercado privado del alquiler, y en todos los casos sin ofrecer ninguna alternativa de realojo en un parque de vivienda social asequible inexistente en España.

La excusa del Gobierno es muy mala: dice que pretende fomentar el alquiler. Pero la receta de sobreproteger a la parte fuerte del contrato no es nueva, llevan aplicándola muchos años, y su efecto ha sido sistemáticamente el contrario. Además, si lo que realmente preocupara al Gobierno fuera la inseguridad jurídica de algunos propietarios, lo que debería hacer es distinguir entre pequeños y grandes propietarios; entre quien deja de pagar por falta de capacidad económica y quien lo hace por mala fe; y, sobre todo, ofrecer soluciones de realojo y garantizar un parque de alquiler social asequible donde ubicar a las familias que lo necesiten.

La nueva reforma del alquiler no sólo vulnera todos los compromisos del Estado español en materia de derechos humanos. Además, profundiza en una política de vivienda que ya se ha demostrado un fracaso. Precarizar el alquiler, agilizar los desahucios, promover la compra a través del sobreendeudamiento e incentivar la especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones europeos en desahucios, ejecuciones hipotecarias, viviendas vacías, precios elevadísimos y corrupción, entre otros. La nueva reforma beneficia a los grandes propietarios, en especial a la banca, y busca atraer la inversión de grandes capitales extranjeros. En concreto, prepara el terreno para dar salida al “banco malo” que el Gobierno está a punto de aprobar: con el “banco malo” el estado comprará a precios inflados de burbuja los activos inmobiliarios que la banca no logra colocar. A continuación, los ofrecerá a inversores extranjeros, especialmente chinos y rusos, con grandes ventajas fiscales aprobadas en el decreto de hoy; por ejemplo, tributando al 0% en el impuesto de sociedades. Una vez más, el Gobierno socializa las pérdidas y privatiza los beneficios con un resctae multimillonario encubierto. La banca gana, la población pierde.

Pero hay un dato que el Gobierno parece no haber incluido en sus cálculos. La población ya no puede más. Cientos de miles de personas están firmando la ILP por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la reconversión de la vivienda vacía en manos de la banca en alquiler social asequible, y no vamos a tolerar que se desprecie la voluntad popular. Millones de viviendas vacías esperan a cumplir su función social. Sobran viviendas y sólo falta voluntad política para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Si el Gobierno no lo hace, lo haremos nostras.

Es sorprendente que la administración Rajoy continúe repitiendo esta creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia) cuando todos los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos sobre los que se basa.

Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar, una vez más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos –España, Grecia, Portugal e Irlanda–. Todos ellos tienen estados pobres (su gasto público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los más bajos de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los más bajos de la Eurozona), poco redistributivos (entre los menos redistributivos de la Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente regresiva (de los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos estos países tengan estos puntos en común es que todos ellos tienen un contexto político semejante. Durante su reciente historia (los últimos cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas décadas por gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países escandinavos (que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa en que en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las dominantes en su vida política, al revés que en los países intervenidos.

Se podría argumentar que España, como también aquellos países, tiene un Estado pobre porque es un país pobre. Pero los datos no confirman esta situación. El PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, y en cambio, el gasto público es sólo un 72% del promedio de la UE-15. En realidad, si fuera un 94%, España se gastaría 66.000 millones más en su sector público y en su subfinanciado Estado del bienestar (tanto en sus transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los gasta, no porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el punto clave que no se cita. La regresividad de la política fiscal que España tiene en común con todos los países intervenidos. Han tenido que pedir prestado dinero porque el Estado no recoge el suficiente.

Pero lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza (estimulada por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó más y más los impuestos, bajada que favoreció particularmente a las rentas superiores, que adquieren la mayoría de sus rentas de la propiedad de capital. Esta bajada de impuestos determinó –según ha indicado el Fondo Monetario Internacional– nada menos que la mitad del déficit estructural del Estado, déficit que permaneció oculto durante la expansión económica por el elevado crecimiento de ingresos al Estado, apareciendo, sin embargo, en toda su crudeza cuando el boom explotó. Y ahora el Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde los súper ricos depositan los ingresos que habían adquirido como consecuencia de la bajada de sus impuestos), teniendo que pagar intereses para conseguir el dinero, que podría haberse obtenido, si no hubieran bajado los impuestos.

Y ahí está el problema más silenciado en los medios y en los debates. Fue una lástima que ninguno de los que participaron en el debate en las Cortes españolas hiciese las siguientes preguntas al presidente Rajoy: ¿Por qué el Estado español decidió congelar las pensiones a fin de conseguir 1.200 millones de euros, en lugar de revertir la bajada del impuesto de sucesiones, con lo cual habría obtenido casi el doble de ingresos ( 2.552 millones). O, ¿por qué en lugar de recortar nada menos que 7.000 millones en sanidad, el gobierno no eliminó la reducción del Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, lo que significa menos del 0,12% de todas las empresas, con lo cual hubieran obtenido más de 5.600 millones de euros? O, ¿por qué quiere ahora establecer el copago sanitario en lugar de aumentar los impuestos de los fondos SICAV y las ganancias especulativas? O, ¿por qué quiere aumentar el IVA, en este momento de recesión, que afectará a las clases populares, en lugar de aumentar el impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón de euros al año, con lo cual ingresaría 14.000 millones de euros más? O, ¿por qué quiere destruir puestos de trabajo en los servicios públicos en lugar de establecer un impuesto a las transacciones financieras, con lo cual, tal como ha señalado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, se conseguirían 5.000 millones de euros? O, ¿por qué en lugar de forzar reducciones de los Estados del bienestar gestionados por las CCAA no reduce la economía sumergida diez puntos, con lo cual aumentaría 38.500 millones de euros?

Estas son las preguntas que deberían haberse hecho y no se hicieron. Rajoy no las habría podido contestar y habría quedado en evidencia, mostrando, que en contra de lo que dice, sí que hay alternativas y sí que hay dinero.