Multas por desobediencia a la autoridad, por asistir a una manifestación o por gritar consignas. La maquinaria administrativa del Estado se pone en marcha.

A Patricia, una participante del 15M de Hortaleza (Madrid), fueron a buscarla a su casa tras participar en un desahucio. Se la acusa de agredir a un agente, aunque no se la detuvo en el momento. También en Madrid varios indignados están acusados de provocar cortes de tráfico durante la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en agosto. En Barcelona hay acusados por corear lemas o pegar carteles y en Jerez once personas fueron detenidas cuando intentaban parar un desahucio.

Sólo en la capital, la Comisión de Legal de Sol tiene constancia de unas 25 sanciones. En Barcelona rondan las 200, la mayoría por la concentración frente al Hospital del Mar y la acción de la Bolsa. La cuantía económica es difícil de precisar: las multas individuales pueden oscilar entre los 300 y los 3.000 euros, y aunque no están siendo muy altas, en conjunto es una suma considerable. Un periódico gratuito hablaba de 40.000 euros en multas sólo en Barcelona y aunque nadie parece ser capaz de confirmar esa cifra, no parece excesiva. En la Ciudad Condal, los afectados y el movimiento 15M han abierto una cuenta en la que se puede aportar dinero para este concepto. En Madrid llevan un tiempo acariciando la idea de crear una caja de resistencia, aunque de momento no hay nada en firme.

«Se trata de una medida represiva muy eficaz, porque afecta a la parte económica y es una acción directa, individual. Otras medidas como las detenciones o las cargas policiales tienen mucha repercusión mediática y son mal vistas por la sociedad, pero esto pasa más desapercibido», opinan desde la Comisión de Legal de Sol. La misma fuente señala que los procedimientos sancionadores se iniciaron justo antes de las elecciones, «como si alguien quisiera dejarse los deberes hechos». En Barcelona subrayan que la actividad sancionadora es mayor desde que CiU ocupa la Consellería de Interior y desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) confirman que los despliegues policiales en los desahucios son cada vez mayores.