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Derecho a la vivienda en España ¿Para quién?

Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas

Paco Morote –

Protesta de MMS /PAH

El Derecho Humano a la vivienda en España, o no existe o es muy insuficiente, y no lo dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),  sino que lo afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en un dictamen emitido hace ahora un año. El derecho de acceso a la vivienda en España no depende de la condición humana de las personas, sino de la capacidad económica de cada una. No tenemos Parque de Vivienda Pública para el alquiler, y apenas vivienda social, por tanto, o estás en condiciones económicas de que te den una hipoteca para comprar una casa o dispones de ingresos suficientes para alquilarla. Si no es así, es imposible el acceso.

La inversión pública estatal en vivienda apenas llega al 2%, y además sólo está orientada a transferir dineros públicos a grandes constructoras y grandes tenedores privados de vivienda. Un ejemplo es el  Plan de Vivienda 2018-2021 del ex ministro De la Serna, que prevé un gasto de 1.445 millones de euros, destinado a financiar promociones privadas de vivienda destinada durante un tiempo al alquiler, la rehabilitación de casas y edificios (ayuda utilizada por los fondos buitre para la mejora de los edificios que compran), y ayudas a pagar las rentas de alquiler, que acaban en las cuentas de los grandes tenedores. Con estas políticas, al final de 2021 seguiremos sin tener un Parque de Viviendas Públicas para alquiler y tendremos 1.445 millones de euros menos, que estarán en las cuentas de los destinatarios finales reales del plan. Además, diferentes expertos coinciden: este plan impulsará una mayor subida de los precios.

Estamos sufriendo ya una burbuja de alquiler, con un incremento de precios en 2017, que algunas fuentes sitúan por encima del 18%. En la PAH pensamos que esta brutal subida es consecuencia de varios factores como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó el PP en 2013, que limita a 3 años los contratos de alquiler, y permite al casero no renovarlos directamente o subir la renta a su libre albedrío.

La turistificación es otro de esos factores, ya que reduce la oferta de alquiler residencial. Por último hay otros tres factores determinantes. Por una parte el acaparamiento de casas por parte de socimis (auténticos paraísos fiscales dentro de España), fondos buitre y bancos que van camino de convertirse en oligopolio del alquiler y de la vivienda en general, la ausencia de índices de referencia de precios, obligatorios y vinculantes, como existen por ejemplo en Alemania y por último la falta de un Parque de Vivienda Pública para el alquiler que modere precios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene instrumentos para abordar con éxito esta burbuja.

Pero también se empieza a avistar una nueva burbuja del precio de compra de las casas, según la Sociedad de Tasación en los 6 primeros meses de este año la subida media fue del 5,9% a sumar al 4,2% que subieron en 2017 ¿Tendrá algo que ver el oligopolio del que hablamos en el punto anterior? Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías.

Después, los bancos empezaron a desprenderse de sus activos (tóxicos y no tóxicos), en favor de fondos buitres y socimis (incluso la Sareb llegó a crear su propia socimi) vinieron después cientos de miles de desahucios, el retorno o la huida de decenas de miles inmigrantes que ocupaban viviendas… A día de hoy, es difícil cuantificar el censo de casas vacías, pero sí parece evidente que los principales tenedores de centenares de miles de ellas son el oligopolio ya citado e integrado por fondos buitre, socimis y bancos. Y mientras éstos se afanan en acaparar vivienda a precios de saldo, ninguna Administración Pública ha hecho ni hace nada por generar Parque Público.

Muy recientemente Bankia, banco actualmente público, se desprende de suelo y casas que podrían haber servido para empezar a generar Parque hoy inexistente, y lo vende a precio de saldo a fondos. Dentro de poco España estará en manos de esos buitres. Esta situación debe revertirse, porque los activos y el banco rescatado son necesarios para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padecemos.

Desde los gobiernos, poco o nada se ha hecho. El actual Gobierno hereda 10 leyes autonómicas de vivienda recurridas ante el Constitucional por el anterior del PP. Una lamentable respuesta también del gobierno PP al Comité DESC de la ONU, que ha propiciado una investigación por parte del Defensor del Pueblo.

La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas, mediante su cesión obligatoria para su uso como Parque Público, o bien fuertes sanciones que obliguen a esa salida. Una reforma de la fiscalidad de la vivienda que, obligue a las socimis a pagar impuestos, y que grave fuertemente las casas cerradas. Una ley como la ley belga contra los fondos buitre pero que abarque más allá de la deuda pública.

Pero también requiere de leyes específicas, y en este terreno sí tiene ventaja el actual Gobierno, cuenta con la Ley de Vivienda de la PAH, la primera que tuvo entrada en el Congreso, fue registrada por primera vez el pasado 10 de enero, antes que la del PSOE, que sólo afecta a alquileres, registrada en marzo o la de Unidos Podemos, igualmente limitada al alquiler y registrada en abril.

La Ley de Vivienda de la PAH, empieza proponiendo el cumplimiento del Derecho Internacional en materia de vivienda regulado por el PI DESC, suscrito por España en 1976, y ratificado en su Protocolo Facultativo en 2013, y que por tanto, debe prevalecer sobre la legislación interna de España (Ley de Tratados Internacionales de 2014), esto conlleva la suspensión de cualquier desahucio cuyas víctimas carezcan de alternativa habitacional.

Y la dación en pago retroactiva, para que las víctimas de los gobiernos que no aplicaron en España la Directiva 93/13 y permitieron las hipotecas preñadas de cláusulas abusivas, cancelen al menos las deudas ilegítimas consecuencia de procedimientos judiciales ilegales, según el TJUE. En materia de alquileres ya hemos dicho el contenido de nuestra ley y por último, el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas, estableciendo un mínimo de subsistencia, e implicando a las suministradoras en el coste.

El pasado día 20 de junio, desde la PAH solicitamos por email una entrevista al ministro José Luis Ábalos y a día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Sin embargo, sí pudimos ver en su toma de posesión a representantes de las grandes constructoras como Florentino Pérez, o Villar Mir (este además implicado en la Gürtel)… Esperamos que tenga algún tiempo para contestarnos a nosotras…

También desde la PAH, hemos concertado entrevistas con casi todos los grupos parlamentarios del Congreso para el próximo miércoles día 11. Hasta el momento el PSOE no ha confirmado, esperamos la sorpresa de que sea finalmente el Ministro quien nos reciba.

La Ley de Vivienda de la PAH vuelve a la carga

La Ley Vivienda PAH ha vuelto a ser registrada en el Congreso, empezando de nuevo todo el trámite administrativo, el PP tiene hasta el 12 de junio para volver a vetarla, o no.

 

Tras el inaceptable veto a la Ley Vivienda PAH el pasado 20 de marzo, muchas cosas han cambiado. Mientras debatimos, nosotras sí que hacemos esas cosas, cuál podría ser el mejor momento para registrar un recurso para levantar el veto, el 17 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional en la que considera que el Gobierno no puede alegar sin más que un proyecto afecta a los presupuestos, sino que debe justificar tal argumento y esto sólo es válido para los presupuestos en vigor en cada momento, por lo que no cabe argumentar sobre presupuestos futuros.

 

Llevamos meses diciéndolo, el Partido Popular, con la inestimable complicidad de Ciudadanos, están secuestrando la democracia y convirtiendo la Mesa del Congreso, en su cortijo particular donde frenar sistemáticamente cualquier propuesta de ley para que no sea debatida en el Congreso. Con esta actitud, lo único que hacen es reafirmarse como los auténticos enemigos del estado de bienestar de este país, vetando cualquier iniciativa que represente en un avance en nuestros derechos más fundamentales, como es el caso de la vivienda, para seguir legislando a favor  de la especulación, de la banca, de los fondos buitre y de las SOCIMIS. ¿La excusa? Los presupuestos del Estado. ¿Uno de sus últimos golpes de Estado a la democracia? El veto de la Ley Vivienda PAH.

 

Por suerte, la bofetada del Tribunal Constitucional ante este tipo de vetos, abrió la posibilidad a que la la Ley Vivienda PAH siga adelante y haya vuelto a ser registrada en el Congreso. Una ley que está elaborada pensando en que no afecte a los presupuestos. Por un lado, en la propia ley se aplaza la entrada en vigor de las medidas que pudieran afectarles a sucesivos ejercicios. Por otro, porque la mayor inversión de nuestras propuestas, pasaría por ampliar el parque público de vivienda, pero es una medida que se basa en movilizar los más de 3.500,000 de pisos vacíos en manos de la banca, no en nuevas construcciones como propone el PP en su Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Aun así nos parece lamentable, que ante la creciente emergencia habitacional, el partido de Mariano Rajoy, que ahora dispone hasta el 12 de junio como fecha límite para justificar un posible nuevo veto, siga basándose en cifras y no en vidas.

 

Vivimos unos tiempos en que el Derecho a la vivienda, es atacado constantemente en todos sus frentes, dejando cada vez más, a las familias en una situación absoluta de vulnerabilidad e indefensión.

Cada día vemos cómo se producen 174 desahucios. Desahucios silenciosos por ejecución hipotecaria, porque los bancos siguen haciendo de las suyas. Desahucios invisibles, ante cada contrato de alquiler no renovado por una ingente subida del precio medio, que las familias con sus medios sueldos, no pueden afrontar. Desahucios por ocupación, de esas familias que ante la pérdida de su hogar y sin una solución habitacional, a causa de una ley criminal y la falta de un parque de vivienda social, se han visto empujadas a elegir entre vivir en la calle o recuperar un piso vacío.

Cada día vemos como esa vivienda vacía en manos de la banca, rescatada con dinero público sin contraprestación social, en lugar de ser usada para garantizar un derecho fundamental a las familias, es tratada como una mercancía más con la que especular y es vendida a fondos buitre.

Cada día vemos como crece la burbuja del alquiler, que está expulsando a la gente de sus casas, de sus barrios e incluso de sus ciudades, en búsqueda de un lugar más asequible donde volver a construir su proyecto de vida . Un proyecto de vida, que a consecuencia de la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos promovida por el PP, saben de antemano que no va a durar más de tres años. Una reforma que nos está condenando a vivir como nómadas.

Cada día vemos como 5 millones de hogares sufren pobreza energética y cortes de luz, agua y gas, sin que las empresas suministradoras asuman ningún tipo de responsabilidad.

Ante estas situaciones, la Ley Vivienda PAH, es la única propuesta legislativa que recoge medidas para acabar con ellas y garantizar una vivienda digna, asequible, estable y acogedora para todas las familias. Así como la única que garantiza el cumplimiento de sentencias europeas o dictámenes internacionales. Una ley pionera que la propia ONU nombró como un referente mundial, en materia de vivienda, que debería replicarse en todos los países.

Ante esto, el bloque antisocial formado por PP y Ciudadanos, solo se han puesto de acuerdo en dos actuaciones, vetar la Ley Vivienda PAH  y sumarse al PDeCat, para criminalizar a las familias y fomentar una guerra entre ellas y pequeños propietarios. Pequeños propietarios a los que les han inculcado el miedo con mentiras y convirtiendo una situación anecdótica, comparada con la gravedad del problema real, para convertirla en la excusa para promover una nueva ley de desahucios exprés.

Desde la PAH seguiremos en pie, en las calles y donde sea necesario, para que el 12 de junio, no se repita el golpe de estado a la democracia con un nuevo veto a la Ley Vivienda PAH, permitiendo así que esta pueda ser debatida en el Congreso y que sea una auténtica mayoría parlamentaria, la que decida si quiere estar del lado de las familias, o del lado de los desahucios y la especulación.

QUE SE SEPA! CIUDADANOS Y PP SON RESPONSABLES DE LOS DESAHUCIOS

Cada 8 minutos, hay un desahucio. El problema del acceso a la vivienda nos afecta a todas. Hablamos de tus padres, que apenas pueden llegar a fin de mes por la hipoteca. De tus hijas, que no pueden emanciparse porque los alquileres se encuentran desorbitados. De tus vecinas, que se tienen que mudar de barrio para poder pagar un alquiler. De tus amigas, que sufren una orden de desahucio mientras la Administración Pública no les garantiza ninguna alternativa.

Cuando hablamos del Derecho a la Vivienda, hablamos de nuestros hogares, de nuestro futuro, de nuestros derechos más básicos.

La PAH ha llevado al Congreso la Ley Vivienda PAH, una iniciativa de ley que de aprobarse acabaría con los desahucios, la pobreza energética y regularía los precios del alquiler. Esta ley ha recibido el apoyo de 100 Ayuntamientos. Es considerada un referente internacional por el Parlamento Europeo y la ONU. Jamás en la historia de la democracia una iniciativa de ley había recibido tantos apoyos sociales e institucionales. Tantos apoyos, son reflejo de la necesidad de que exista esta ley, que salvaría a miles de vidas en juego.

Sin embargo, el PP y Ciudadanos decidieron interponer un veto a la Ley Vivienda PAH en la Mesa del Congreso: un órgano institucional en el que se decide si se las iniciativas de ley entran a debatirse en el Congreso. Un órgano donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, y se dedican a votar en contra de leyes que recorten los privilegios de la banca, las suministradoras y las grandes multinacionales. En lo que llevan de legislatura, han vetado hasta 70 iniciativas de ley, incluyendo una subida de las pensiones.

PP y Ciudadanos utilizan sus cargos en las instituciones para mantener los privilegios de los bancos, a costa de vender nuestros derechos, e impedir que leyes escritas por las familias afectadas se debatan democráticamente. PP y Ciudadanos han impuesto la dictadura en el Congreso, amordazando a la ciudadanía, impidiendo que se hablen de sus reivindicaciones. Incluso el Tribunal Constitucional, recientemente ha sentenciado que PP y Ciudadanos han realizado un uso injustificado y abusivo de los vetos.

Nosotras lo tenemos claro. PP y Ciudadanos jamás pedirán cuentas a la banca y a las suministradoras por todas sus estafas, como la crisis económica. Porque PP y Ciudadanos nunca piden cuentas a los poderosos, sólo lo hacen a las familias de a pie, de las que creen que pueden abusar. Pero nosotras, las familias, se lo impediremos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados.

Vamos a continuar parando desahucios, evitando cortes de suministros y consiguiendo realojos para las familias vulnerables.

Más aún, seguiremos luchando por la Ley Vivienda PAH. Tenemos la oportunidad de presentar un recurso, forzando de nuevo a que nuestra ley sea valorada por la Mesa del Congreso. Esperaremos el momento adecuado, pero tenemos claro que volveremos a las calles para exigir que nuestras reivindicaciones se conviertan en una ley de justicia que nos proteja a todas. PP y Ciudadanos creen que pueden abusar de nuestros derechos, pero les demostraremos que la ciudadanía nunca se da por vencida.

Defendendo a LeiPAHVivenda

Aínda que apenas salga xa nas noticias, cada semán séguense producindo centos de desafiuzamentos en España. A crise hipotecaria de hai uns anos e o seu derivado drama social, o dos desafiuzamentos, acabou pechándose politicamente en falso despois de que o PP vetase no Congreso unha Iniciativa Lexislativa Popular elaborada pola Plataforma de Afectados pola Hipoteca ( PAH), que contou cun millón e medio de firmas cidadás e unha ampla aceptación social.

En 2013, o rodete parlamentario do PP botou abaixo unha iniciativa con tres medidas clave para paliar a situación: paralización dos desafiuzamentos, dación en pago da vivenda para saldar a débeda hipotecaria en caso de non poder facerlle fronte e aluguer social. Nada disto púxose en marcha, pero a PAH regresou ao Congreso dos Deputados cunha renovada Lei de Vivenda que inclúe as demandas de entón e que agora tamén pon o foco en dous asuntos crave: a burbulla do aluguer e a pobreza enerxética.

Como fixeron en 2013 volven secuestrar a voz da ciudadania Tras esta Lei de Vivenda está un amplisimo respaldo social ,a inmensa mayoria do corpo social apoia as demandas da PAH Pois esta vez o PP non estivo só o partido Cidadáns sumouse ao veto dixo SE a que 170 desafiuzamentos por dia consómense neste Pais

Buscar casa para alugar e non morrer no intento

Alugar converteuse nunha odisea na mayoria das cidades Primeiro pola escaseza de vivendas e segundo e mais importante polo prezo desorbitado dos Alugeres

Os «lobbies» das Inmobiliarias monopolizan o mercado ,impoñen clausulas abusivas e esixencias de avais desorbitados e de dubidosa legalidade

A inmensa maioria non pode acceder a eses prezos e é imposible ter un horizonte de futuro cunha LAU que permite botarche aos tres anos

A «LeyViviendaPAH» defende entre as súas demandas: fixar prezos e asegurar alugueres de moi longa duración;Medidas como estabilidade e unha maior duración dos contratos para poder desenvolver proxectos vitais. Fianzas razoables ,non mais dun mes ,as Administracions Autonómica pero tamen as Locales deben intervir no mercado , promovendo vivendas para o Aluguer, de Titularidade Publica . Estas e outras medidas son moi necesarias para parar a xa chamada “burbulla do Aluguer “

Gozar dunha vivenda digna e adecuada é un dereito humano e constitucional. Pero na práctica convértese nun desexo inalcanzable para miles de familias . Só cun profundo cambio nas políticas, priorizando as actuacións neste sector, será posible modificar o actual panorama, acabar co inxusto sufrimento de tanta xente e converter este dereito en realidade.