Etiqueta: ILP

Comunicado do equipo xurídico da PAH respecto de a sentenza da UE

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea deu un varapalo á normativa española sobre desahucios, confirmando a ilegalidad do procedemento español de ejecución hipotecaria desde fai vinte anos. O TJUE, de obrigado cumprimento para os xuíces españois, pasa por encima ata da normativa estatal e conclúe que se vulnera de forma clara os dereitos fundamentais das persoas afectadas e concretamente o dereito á defensa. A lei actual non dá ao afectado mecanismos de oposición efectivos para facer valer os seus dereitos no marco do procedemento de ejecución actual.

Os procedementos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio e de forma inmediata, posto que a normativa que os regula é ilegal.

A sentenza dá importantes facultades de actuación nos procesos vigentes aos xuíces. A declaración do procedemento como ilegal abre amplas vías para alegar a nulidad dos procedementos que se tramitaron ata agora.

Ha ter que ser un tribunal europeo quen se pronuncie ante a impasibilidad dun Goberno e dun Parlamento cegos e xordos, incapaces de atender o clamor popular e dar solución ao drama social que os desahucios provocaron e seguen provocando hoxe. O TJUE dá tamén con esta sentenza unha bofetada ao Tribunal Constitucional español, o cal viña avalando un procedemento de ejecución hipotecaria que se demostrou claramente ilegal.

As inmediatas estratexias xurídicas posibles ante o fallo do TJUE serán analizadas este sábado nunha reunión de avogados da PAH.

A sentenza é un respaldo ao contido da Iniciativa Legislativa Popular, cuxas medidas haber cuestionado polo seu carácter retroactivo. Á luz da doutrina do TJUE a retroactividad non só é unha posibilidade recoñecida na Constitución, senón unha necesidade. Unha necesidade xa que se suscita a nulidad das ejecuciones hipotecarias realizadas desde o ano 1993, data da Directiva na que se basea a sentenza para declarar ilegal o procedemento español. Non pode sosterse que unha persoa sexa condenada a pagar unha débeda perpetua derivada dun procedemento ilegal.

Esta sentenza reafirma a importancia da movilización cidadá a favor das medidas da ILP, unhas medidas de mínimos que se están debatendo no Parlamento, e as cales dan resposta ás formulacións de respecto aos dereitos fundamentais das persoas afectadas.

¡Si Se Pode!

Carta a los diputados

Este martes en el Congreso de los Diputados se vota la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago con efecto retroactivo, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. Las entidades promotoras de la ILP hemos conseguido un total de 1.402.854 firmas, lo que evidencia un clamor ciudadano para cambiar la legislación hipotecaria y poner fin al drama de miles de familias que se ven abocadas a la calle, sin vivienda y con una deuda de por vida.

La votación de la ILP para la dación en pago coincidirá con la votación de otra ILP, en este caso por la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, que según parece si será tomada en consideración –con menos de la mitad de firmas-. Este martes veremos qué prioridades son las que muestran tener los partidos políticos de este país. Consideramos que supondría un grave insulto a la democracia que el Congreso ni tan sólo tomara en consideración una demanda ciudadana con un apoyo tan amplio, muy superior incluso al número de votos que tienen algunos partidos con representación en el Congreso. Nos preguntamos para que sirven entonces las iniciativas legislativas populares y el requisito de recoger un mínimo de 500.000 firmas, si el Congreso puede rechazar sin considerar un texto que triplica esta cifra.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y el tercer trimestre de 2012 se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado Español. Las Comunidades Autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ranking de desahucios son Andalucía (con 81.160), Cataluña (79.043) y el País Valenciano (77.435).

Desde el principio de la crisis se han producido en el Estado español más de 400.000 desahucios
Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo. Por otro lado, a la pérdida del empleo y de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de efectos muy graves: en el estado español el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente –más intereses y costos judiciales- tanto a la persona afectada como a aquellos que la hayan avalado.

Así, mientras que las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con hipotecas impagables siguen abocadas a la exclusión social.

Hoy, día en el que el Congreso votará la aceptación a trámite de la ILP por la dación en pago, no acaba nada. Al contrario, sigue la lucha para garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país. Una vivienda digna es un elemento indispensable para garantizar el libre y correcto desarrollo de cualquier persona de nuestra sociedad. Se trata de un derecho necesario para poder ejercer otros, como el derecho al trabajo. No poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las necesidades de cada persona o familia es un factor de riesgo de cara a la exclusión social. A pesar de ello, la vivienda, a menudo, no se ha considerado un derecho, y si un negocio más por la libre especulación.

Pedimos a los 350 diputados del Congreso que voten hoy a favor de admitir a trámite la ILP por la dación en pago y el alquiler social. Por respeto democrático al millón y medio de ciudadanos que les han dado su apoyo y por respeto a las 400.000 familias que ya han perdido su vivienda.

Josep Maria Álvarez, Secretario General de UGT Catalunya

Ada Colau, Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Joan Carles Gallego, Secretario General de CC OO Catalunya

Jordi Giró, Presidente de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

Vanesa Valiño, Directora del Observatorio DESC

Entrega das firmas da ILP

ILP por la dación en pago: Sí se puede. 6 de octubre salimos a la calle

El 31 de octubre finaliza el plazo para entregar las 500.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios que permitirá llevar al Congreso estas demandas para que puedan traducirse en ley. El 31 de octubre quedará clara la evidencia: que no podemos seguir permitiendo una injustica como la que miles de familias viven día a día.

Desde que estalló la crisis ninguna medida propuesta desde el Gobierno central, ya sea del PP como del PSOE, ha ido realmente dirigida a proteger el derecho a la vivienda de las centenares de miles de familias que se encuentran en una situación extrema debido a la crisis, sino a perpetuar los intereses de las entidades bancarias y a tratar de confundir a la ciudadanía para obtener un mayor rédito electoral. Una crisis que están pagando los más afectados, y no los responsables de que hayamos llegado hasta aquí.

Es por ello que, desde entonces, el número de ejecuciones hipotecarias y de lanzamientos no ha dejado de incrementar semestre tras semestre.

Con la ILP abrimos una vía más para forzar este cambio normativo al que se niegan nuestros gobernantes y llevar al Congreso lo que en la calle es un clamor popular. Ahora que apenas falta un mes para la finalización del período de recogida de firmas estamos muy cerca de llegar al mínimo del medio millón, pero los mínimos no nos bastan: tienen que ser muchas más. Para así presionar, aún más si cabe, a los diputados que la van a votar. No pueden seguir legislando para proteger a los bancos: ahora toca rescatar a las personas. Es por eso que los próximos días 6 y 7 las Plataformas de Afectados por la Hipoteca convocarán de forma coordinada en un gran número de ciudades del país una recogida de firmas masiva en la calle. Las ciudades que se están adhiriendo, lugares y horas las anunciaremos más adelante en nuestra página web y os animamos a que extendáis y participéis de esta convocatoria. Cada vez somos más: no pueden negarlo.

La ILP es la única vía democrática que contempla nuestra legislación para expresar la voluntad de los ciudadanos y a ella nos hemos sumado con la voluntad de cambiar estas leyes injustas. Con la lucha colectiva hacemos frente a las injusticias sociales. Desde la calle, hasta las pequeñas brechas que permite la legislación. Si a pesar de ello el Gobierno rechaza estas propuestas, continua rescatando a las entidades financieras que han provocado la crisis y sigue permitiendo que continúen desahuciando a miles de familias en nuestro país, las PAH no van a quedarse de brazos cruzados y entenderemos que estarán justificadas medidas más contundentes para hacer efectivo este derecho fundamental que está siendo vulnerado con el pretexto de la crisis.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha paralizado centenares de desahucios al grito de ¡Sí se Puede!

Y ¡sí se puede! obligar a los gobiernos a legislar para proteger el derecho a la vivienda. Porque la nuestra es una lucha por la justicia social.

FIRMA ON-LINE

Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es una herramienta que permitirá a la sociedad llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la Ley hipotecaria y de la Ley de enjuiciamiento civil para regular la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social. De manera que en los casos de primera residencia y deudores de buena fe (aquellos que dejaron de pagar su hipoteca por una causa justificada), podrán liquidar su deuda con la entrega de su vivienda.

La ILP propone exactamente lo siguiente:

1) Dación en pago con efectos retroactivos. Se llama dación en pago al hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda.
2) Paralización de los desahucios. Siempre que se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad.
3) Alquiler Social. El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

firma aquí