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La riqueza del país y la burbuja del alquiler

Por Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón*

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector.

Por el lado de la demanda, ésta se ha incrementado por muchos motivos.

1) El elevado nivel de pobreza que existe en nuestro país incluso en el colectivo de los trabajadores (según la OCDE el 14,8% de los trabajadores son pobres, récord en la Unión Europea) conlleva que una buena parte de la población no tenga posibilidades de acceder a la compra de una vivienda y no le quede más remedio que acudir al alquiler.

2) La baja concesión de créditos hipotecarios que están llevando a cabo las entidades bancarias en nuestro país (el saldo hipotecario se ha reducido desde máximos un 20% y las condiciones para recibir una hipoteca se han endurecido).

3) Las ayudas al alquiler que ha aprobado recientemente el gobierno, que lejos de resolver la situación la agravan aún más porque incrementan la demanda del alquiler sin afectar a la oferta, provocando mayor presión sobre los precios. Hay estudios que señalan que el 75% de las ayudas públicas concedidas a los arrendatarios suelen acabar en el bolsillo de los arrendadores a través de incrementos en el precio del alquiler.

4) También es de destacar el importante proceso de emigración que se está produciendo desde las zonas rurales y pequeñas y medianas localidades (con menores oportunidades de formación y de trabajo) a las grandes urbes (con mayores oportunidades)

Por el lado de la oferta, ésta se mantiene muy baja por muchos motivos entre los que destacan los siguientes.

1) Hay demasiadas viviendas vacías (el 18% del total de viviendas según la OCDE) a las que no se les está dando ningún uso porque fundamentalmente pertenecen a bancos (se lleva la palma la SAREB, el banco malo) que no tienen capacidad para darle salida.

2) Los importantes récords de entradas de turistas y la explosión del negocio de las viviendas de uso turístico a través de plataformas digitales como la de Airbnb han provocado que las viviendas se orienten a un muy rentable alquiler estacional y no al habitual, hundiendo la oferta de pisos para este segundo tipo de uso.

3) Las importantes ayudas fiscales (como exención en el impuesto de sociedades) que se le conceden a las SOCIMI (Sociedades anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado inmobiliario) han tenido como consecuencia una importante concentración en el sector del alquiler (9 empresas acumulan más del 90% de los activos) que provoca una merma en la competencia y por lo tanto un mayor margen para establecer precios elevados.

Las soluciones pasan, en general, por abordar con actuaciones concretas las causas señaladas:

1Incrementar la oferta de viviendas en alquiler a través de la conformación de un importante parque público de inmuebles orientados al alquiler.

2Orientar las viviendas vacías de grandes propietarios hacia el alquiler social.

3Controlar los precios de los alquileres para impedir que escalen a niveles inasumibles.

4 Estabilizar más los alquileres volviendo al menos al plazo mínimo de 5 años en los contratos.

5Regular las viviendas de uso turístico, estableciendo, entre otras cosas, un máximo de viviendas por zonas y un máximo número de días al año en alquiler.

6 Retirar las ayudas fiscales a las SOCIMI, evitando así la competencia asimétrica que generan estas empresas en el sector e impidiendo que tengan suficiente poder de mercado como para establecer precios a su conveniencia.

7 Combatir el fraude laboral que existe en nuestro país, legislar para incrementar el poder de negociación de los trabajadores y crear empleo público en todas las ciudades y zonas para eliminar el número de trabajadores pobres que se ven obligados a alquilar y la desertificación de determinadas zonas y localidades del país.

8Disponer de una banca pública potente que conceda financiación para muchas familias que desean acceder a una vivienda en propiedad.

9 Reorientar las políticas ultraexpansivas del Banco Central Europeo para que dejen de inundar de dinero los mercados financieros y pasen a financiar políticas públicas productivas y sociales.

Las administraciones públicas no pueden ser meros espectadores ante esta burbuja porque los efectos causan ya actualmente graves daños. Toca actuar y hacerlo de manera contundente.

 

#VigoNonSeVende #AlugerEstableAsequibleDigno

 

Con unos precios de alquiler cada vez más altos y unas administraciones que hasta el momento se han negado de regular un mercado fuera de control, es el momento de asumir como nuestro el objetivo de defender el derecho a la vivienda y un alquiler “asequible, estable, seguro y digno”,

En Vigo hay muchísimas familias viviendo de Alquiler y muchas de ellas sujetas a contratos que los sujetan a Viviendas de escasa calidad cuando no ,directamente infra vivienda

El precio para alquilar un piso varía de unas ciudades a otras en Galicia con Vigo a la cabeza. El mismo piso de 90 metros cuadrados costaría en Vigo 605 euros al mes, Debemos combatir esta nueva burbuja inmobiliaria que ataca a nuestra ciudad, basada en el incremento especulativo y abusivo del precio de los alquileres

Los últimos datos son esclarecedores en este sentido: Los desahucios por impago de alquiler  suben hasta constituir el 60% mientras bajan los de hipotecas.

El modelo de crecimiento de nuestra ciudad expulsa al vecindario hacia las afueras Hacia  barrios marginales donde son abundantes las viviendas inadecuadas,o vivienda de escasa superficie ,es norma el abandono de espacios públicos y aislamiento infraestructuras el alto índice de hacinamiento y fuerte presencia de núcleos de infravivienda con ausencia de infraestructuras eficientes pero si en cambio alta presencia vertederos, incineradoras, áreas industriales degradadas, etc

Con frecuencia carecen de servicios básicos como los de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de electricidad y alumbrado público. A menudo, la delincuencia es endémica

Los conflictos con el vecindario es frecuente así como la sensación de inseguridad

Los fondos buitre ,“están atacando a lo bestia la vivienda

Los Fondos Buitre hacen se estan adueñando de la totalidad de la oferta inmobiliaria. De hecho es ,la vivienda uno de los más rentables y atractivos para este tipo de organizaciones especulativas. Por a ello, en este instante los fondos buitre están “comprando miles y miles de viviendas” en distintas ciudades de España. “La vivienda es un derecho, nos están estafando y en estos momentos volvemos a estar peor que en 2008: gente asustada que no sabe cuáles son sus derechos, cientos de inquilinos saliendo de sus edificios, con miles de desahucios invisibles en estos momentos”,

 Ante esta situación, que lleva al colapso de la ciudad, es necesario que las vecinas y vecinos levantemos nuestra voz y nos sigamos organizando, uniendo nuestras fuerzas para cerrar el paso a los “enemigos de la ciudad”.

Todas aquellas personas que sufrimos las consecuencias de las políticas neoliberales, de los fondos de inversión y de los grandes tenedores que controlan la ciudad tenemos que salir a la calle a dejar bien claro que los buitres no son bienvenidos en Barcelona. Nosotras hemos decidido luchar por quedarnos en nuestros barrios, y no pararemos de luchar hasta conseguir que la ciudad sea para vivir dignamente y no para especular con los barrios y nuestras vidas.

Por todo ello, exigimos a las administraciones y nos comprometemos a luchar por:

• Derogar la actual LAU. Asegurar contratos estables, con renovación automática, excepto cuando haya necesidad familiar de primer grado de la propiedad. Ningún desahucio más sin alternativa habitacional. Acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMI, que no pagan impuesto de sociedades. Multar y expropiar todas las viviendas en manos de grandes propietarios que hayan permanecido vacíos durante 2 años, para hacer vivienda pública de alquiler.

• Derogar las reformas laborales que han promovido la inestabilidad y el aumento de los trabajos precarios, mal remunerados, sin derechos laborales y con recortes de los derechos sociales.

• Un turismo respetuoso con la convivencia vecinal.

• Un espacio público para disfrutar de la ciudad y convivir, no para hacer negocio.

• Detener la destrucción del comercio de proximidad.

• Detener la destrucción del medio ambiente por la contaminación que generan los vehículos privados y los cruceros del puerto y promover el transporte público eficiente y no contaminante, y los medios alternativos como la bicicleta.

• Políticas activas y decididas de igualdad de género.

• Derogar la ley mordaza que reprime a las que luchan por los derechos políticos, sociales y laborales.

Marco dunha Lei Galega da Vivenda

O Artigo 87 da Constitución que di:

“As Asembleas das Comunidades Autónomas poderán solicitar do Goberno a adopción dun proxecto de lei ou remitir á Mesa do Congreso unha proposición de lei, delegando ante o devandita Cámara un máximo de tres membros da Asemblea encargados do seu defensa”.

En base a ese artigo da Constitución solicitamos que o Parlamento Galego inste o Goberno do Reino de España á aprobación da Lei de Vivenda da PAH.

No estado español hai máis de 173 desafiuzamentos cada día, e 5 millóns de fogares sufrirán frío este inverno por non poder facer fronte ás facturas. Os prezos dos alugueiros están totalmente descontrolados. E mentres tanto, o goberno continúa poñendo facilidades á banca, aos grandes especuladores e ás compañías subministradoras para enriquecerse.

Unha lei que faga efectivo o dereito que establece a Constitución que todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e axeitada

Unha lei que asegure a función social da vivenda

Unha lei que que regule, por un lado o desorbitado numero de vivendas baleiras ,vivendas sen uso ou infrautilizado e doutro, unha demanda insatisfeita cunha oferta insuficiente e a prezos non adecuados, así como numerosos procesos de privación da mesma. Preténdese poñer fin ás prácticas especulativas como privatizar ou externalizar a súa xestión de Vivenda Públicas ou VPO

Una lei que mellore a definición da función social da propiedade da vivenda e das consecuencias do incumprimento de devandita función e os Usos Antisocias da Vivenda

Unha lei que aposte decidamente polo ALUGER como alternativa habitacional estable ,e defenda o Aluger Social na Vivenda habitual en casos de desafiuzamentos .

É imprescindible desenvolver políticas que prioricen a adopción de medidas que tendan á posta no mercado de vivendas baleiras e a rehabilitación sobre a construción, nunha clara aposta pola sostibilidade e a conservación do medio ambiente ,que aposte por Parque Publico da Vivenda :

* Vivenda Social

* Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar.  É velará polo Dereito a arraigamento:

*Movilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria e recuperación da vivenda en mans da SAREB, expropiación das vivendas en m ans da banca pública rescatada, expropiación de vivenda baleira dos grandes garfos de vivenda

As nosas propostas son:

1) Dación en Pago Retroactiva, para acabar coas débedas para sempre que deixan os bancos.

2) Alugueiro accesible e estable, para regular os prezos como se fai noutras partes de Europa.

3) Moratoria dos Desafiuzamentos, ata conseguir complementar medidas que permitan garantir ás familias un teito.

4) Vivenda Social, para que a Administración Pública poida utilizar os pisos baleiros da banca reacollendo a familias vulnerables.Creación dun parque galego para a xestión de vivendas baleiras e posta en marcha da axencia publica de alugueiro.

5 Subministracións Básicas Garantidas, impedindo que se corte o acceso a auga, luz e gas a familias vulnerables E unha Renda Basica de Inclusión Social 1

Unha lei Galega da Vivenda como un factor de inclusión social, non de exclusión .

 

(1) Xa temos ,denunciado desde estas mesmas paxinas que a actual RISGA do PP Galego non serve como punto de partida entre elas porque non axuda a solucionar os problemas de aloxamento nin do Aluguer , pois o complemento de aluguer previsto era equivalente ao 10% do IPREM (situado hoxe nos 537 euros), é dicir, de pouco máis de 50 euros ao mes

Se non sentan ,levantámonos

Nove anos pasaron desde que naceu a PAH. Nove anos loitando para facer real o dereito á vivenda. Nove anos nos que paramos miles de desahucios e realojado por centos de familias. Nove anos nos que cambiamos leis e presentado mociones en concellos e comunidades autónomas. Nove anos cheos de trabas por parte do Partido Popular para que ese dereito á vivenda non sexa efectivo.

Pouco mellorou a situación estes nove anos, agora enfrontámosnos/enfrontámonos a unha nova burbulla inmobiliaria e por iso rexistramos no Congreso unha lei de todas, a Lei de Vivenda PAH. Unha lei para que as familias non estean indefensas, unha lei con cinco demandas básicas:

  • · DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
  • · ALUGUER ASEQUIBLE E ESTABLE
  • · STOP DESAHUCIOS
  • · VIVENDA SOCIAL
  • · SUMINISTROS GARANTIDOS (Luz, auga e gas)

Unha vez rexistrada esta Lei de Vivenda PAH no Congreso, estamos á espera de que o Partido Popular non a vaiche e volva, de novo, a tombar as ilusións e o dereito a teito de miles de familias. É hora de dicirlle ao Partido Popular que xa BASTA, por iso invitámosvos a todas o próximo 3 de marzo á GRAN MANIFESTACIÓN que estamos preparando en Madrid.

Ademais de vir podes facer moitas máis cousas. preparamos este KIT GRÁFICO DE DIFUSIÓN con todos os carteis para que os imprimas e péguelos no teu barrio, compártalos nas túas redes sociais e/ou que os pases por todos os teus grupos de Whatsapp ou Telegram.

¡Esperámosche o 3 de marzo en Madrid!

¡Si se pode!

Recuperemos el derecho a la vivienda que nos han robado los grandes especuladores

http://m.eldiario.es/autores/luis_sanmartin/

Luis Sanmartin

Esta es la historia de cómo los grandes especuladores llegaron a nuestras ciudades. Parte de sus inicios los encontramos en 2012, cuando el PP otorgó un régimen fiscal privilegiado a las Socimis. Fondos dedicados al alquiler, que, gracias a este nuevo régimen, no pagarían impuestos. De este modo, las Socimis se volvieron una de las herramientas preferidas de bancos y fondos buitre para especular con el alquiler. Por si fuera poco, el PP en 2013 modificaría la ley de los alquileres desvinculando los precios del IPC en las renovaciones de los contratos.

En resumidas cuentas, el PP modificó las leyes a medida de los grandes especuladores, que a partir de entonces podían comprar viviendas y subir los precios de manera desorbitada a las familias. Y se podía hacer, incluso, sin pagar impuestos. En otras palabras: el PP regaló el control de los precios del alquiler a los grandes especuladores inmobiliarios.

No es el mercado amigo, es el gobierno del PP que pretende regalar tu hogar a cuatro especuladores que tienen nombre. Como Blackstone, el peor fondo buitre del mundo. Que ya en 2013, durante el mandato de Ana Botella, que era alcaldesa por el PP, compró 1.860 viviendas públicas en Madrid. Tras esta compra, Blackstone no tardo en subir los precios, y desde entonces desahucia a familias que residen en viviendas anteriormente públicas. Hablamos de un entramado que funciona a través de una Socimi llamada Fidere.

Más tarde en 2015, realizaría la compra de 40.000 hipotecas en riesgo de impago que pertenecían a CatalunyaCaixa. Un banco, que, recordemos, fue rescatado con 12.000 millones de dinero público que jamás han sido devueltos. Pronto Blackstone terminó todo tipo de negociación con familias vulnerables que habían tratado de conseguir una dación en pago y un alquiler social. Y comenzó a desahuciarlas para crearse su propio parque de alquiler. Además, para evadir impuestos y sacar el máximo beneficio utilizó otras dos Socimis: Albirana, que acumula hasta 5.000 viviendas provenientes de familias desahuciadas. Y Anticipa, que acumula más de 12.000 hipotecas en riesgo de impago.

Las reformas del PP también atrajeron a otros especuladores. Hace tiempo que nombres como Norvet, Elix, MK Premium o Vauras Investment protagonizan casos de expulsión de vecinas: compran bloques enteros, se niegan a renovar contratos de alquiler, suben los precios de manera desorbitada e incluso practican el acoso inmobiliario. Cuando logran expulsar a los residentes de toda la vida, reforman los pisos y los sacan al mercado como viviendas de lujo. Para cuando termina el ciclo, los precios de la vivienda en la zona se han hinchado. Lo que provoca que también suban los precios del barrio, y de la ciudad. Cada una de estas compras es un tsunami contra el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Una oleada llamada gentrificación: que es otra manera de nombrar la expulsión de vecinas de sus barrios y ciudades de toda la vida por no poder hacer frente a los precios de la vivienda.

Sin embargo, esta historia la sigue escribiendo la ciudadanía, que es más digna que el gobierno, y se ha organizado para vencer a la actuación de la mafia inmobiliaria. Tenemos ejemplos como el bloque Leiva 37 de Barcelona que fue comprado por el fondo buitre Vauras Investment. Gracias a la presión social de las vecinas, el Ayuntamiento cancelo esta compra e incluso adquirió el edificio para que pasará a ser de propiedad pública. También han surgido Sindicatos de Inquilinos, que reclaman la regulación del alquiler a partir de una premisa con mucho sentido común que viene a decir que «si regulamos los carburantes, si regulamos los medicamentos, regulemos los alquileres».

También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha demostrado que la ciudadanía puede vencer. Coordinándose con colectivos internacionales de todo el mundo, participó en acciones simultaneas en Madrid, Nueva York, Londres, Berlín y Tokyo contra Blackstone. Y como resultado, lograron abrir vías de negociación para resolver casos de familias afectadas. También ha plantado cara a la inmobiliaria Norvet, organizando a las vecinas del bloque Aragó 477, que estaban en riesgo de expulsión. Y ha terminado realojando a varias familias en emergencia en pisos que Norvet mantenía vacíos en el bloque de Aragó 477.

Y ahora en 2018, la PAH incluso registra una ley en el Congreso, que contiene medidas para revertir las causas estructurales que han provocado la llegada de la mafia inmobiliaria. Hay tres medidas básicas en este sentido. Primero, una moratoria que paralice los desahucios de primera y única vivienda de familias vulnerables. Segundo, otorgar a la Administración la capacidad de realojar a familias en emergencia en pisos de la banca que se encuentren injustificadamente vacíos. Tercero, dotar a los Ayuntamientos de la capacidad de crear índices de referencia que marquen un precio adecuado a las viviendas en alquiler según sus características y la capacidad adquisitiva de la población. Demandas que en su conjunto no sólo protegerían a las familias en riesgo de desahucio, sino que permitiría a toda la población acceder a una vivienda sin caer en la precariedad. Porque este es un problema de todas, para el que hay soluciones.

Si se aprueba la Ley de Vivienda de la PAH en el Congreso, conseguiremos nuevas herramientas para continuar protegiendo el Derecho a la Vivienda en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestras calles. Pero ahora que la ley está registrada, el gobierno del PP, junto con el apoyo de Ciudadanos, tiene hasta mediados de marzo para interponer un veto. Y este veto implicaría que esta ley que necesitamos todas ni siquiera pudiera debatirse en el Congreso. Recordemos ante todo que es una obligación política del gobierno permitir debates que protejan nuestros derechos más básicos. Hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de recuperar el control democrático y ciudadano del derecho a la vivienda. El control sobre nuestro futuro. Y ser las ciudadanas las que consigamos escribir el final de esta historia.

Publicado en El Diario .es