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¿DONDE ESTAN LOS NIñOS DE LOS DESAHUCIOS?De (#PAHMadrid)


¿DONDE ESTAN LOS NIñOS DE LOS DESAHUCIOS?

  • Se están vulnerando sistemáticamente derechos de la Convención de Derechos del Niño’
  • ‘La ley sólo protege a los menores de 3 años y con padres en situación de exclusión social’
  • ‘Hemos solicitado que cuando haya menores intervenga la Fiscalía del Menor’

“Son los grandes invisibles de los desahucios”, explica Marga Rivas, psicóloga de la PAH

Desahucios en el telediario de las 09.00, de las 15.00 y de las 20.00. A diario con el desayuno, la comida y la cena durante los últimos seis, siete u ocho años. Escenas parecidas con rostros distintos. Ancianos, personas de mediana edad, parejas jóvenes… Pero ¿dónde están los niños de los desahucios? Durante estos años de la crisis apenas se ha deparado en las historias de esos chavales que de un día para otro han visto su vida rota.

¿Cómo afecta a los niños un desahucio?, ¿cuántos han vivido esta situación? ¿cuántos han perdido el curso escolar por ese motivo? ¿Qué atención les prestan las instituciones? ¿Hay seguimiento de los casos? Las preguntas se suceden y las respuestas tardan en llegar. “Son los grandes invisibles de los desahucios”, explica Marga Rivas, psicóloga y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. “No hay datos, no hay registros, no hay seguimientos, no hay nada. Desde que una familia deja de pagar hasta que les echan no hay presencia de ningún agente social en el proceso”.

Hace un año, PAH Madrid creo el grupo de infancia con el fin de atender a este colectivo. “La ley sólo protege a los menores de tres años y con padres en situación de exclusión social, es decir en paro, dándoles una moratoria de dos años”. Para el abanico entre los 3 y los 18 años “la ley no establece ninguna protección específica”.

Desde el grupos de psicólogos de la PAH se recomienda explicar a los niños lo que ocurre. “Siempre adaptado a la edad. Hay que evitar que ellos se puedan ver como causantes de esa tensión o piensen que sus padres se llevan mal”. Entre las consecuencias que han notado en niños “afectados por la hipoteca” está la perdida del control de esfínteres en pequeños que ya tenían superada esa fase, ansiedad, terrores nocturnos, el sentimiento de vergüenza ante los amigos, una maduración antes de tiempo y un gran fracaso escolar en todos los tramos de edad.

Hace unos días, el colectivo se reunió con el Juez decano de Madrid con el fin de trasladarle esta situación. “Hemos solicitado que cuando haya menores en un lanzamiento intervenga la Fiscalía del Menor,que se sepan las circunstancias de cada desahucio, si hay niños o no, y que éstos puedan expresarse en estos procesos”. También desde organismos y asociaciones vinculados a los niños (como la Plataforma de la Infancia) han empezado a trabajar sobre el tema.

No existen datos



Al no existir datos, “el problema se esconde”, añade Marta Martínez Muñoz, socióloga y evaluadora especialista en Infancia y Derechos. Hace un año, al ver que no se hablaba de los chavales de los desahucios, contactó con PAH Madrid. Y desde hace unos meses tienen en marcha un proyecto con tres grupos de trabajo que trata de ver cómo les afecta el proceso, “cómo toman conciencia de lo que les está pasando”.

“En principio, arrancamos con el deterioro económico en la familia; aquí se trata de ocultar a los niños lo que pasa”, explica Martínez. Después tratamos de ver qué ocurre cuando se tiene la orden de desahucio, “ya no se puede ocultar la situación. En esta fase se observa en muchos casos cómo la madre toma las riendas de esa lucha, mientras que los hombres notan más en el ánimo el bache y pueden incluso hundirse y ser incapaces de batallar. En este punto,hay adolescentes que tratan de adoptar ese rol de cabeza de familia“.
En tercer y último lugar, está la fase postdesahucio, “la reubicación de esa familia”, que en muchos casos ha abandonado su hogar sin poder coger ni siquiera sus pertenencias.

Violación de derechos

Desde la PAH, cada vez que una familia con niños tiene la orden de lanzamiento, escriben una carta al juez “apelando a su sensibilidad” con el fin de que frene el desahucio. “Cuando una familia es obligada a irse de su casa, no se le ofrece una solución habitacional alternativa” que permita a esos menores continuar con su rutina. “La mayoría de las veces, se suele avisar en el centro escolar de lo que ocurre para que los chavales permanezcan allí el día que echan a la familia”.

“Se están vulnerando sistemáticamente derechos recogidos en la Convención de Derechos del Niño, firmada por España en 1989”, expone esta socióloga. “El art. 27.3 establece que los Estados proporcionarán “en caso necesario asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. Sobre la ‘ley Guindos’, que da esa moratoria a las familias con menores de tres años, considera que es “discriminatoria, porque no protege a todos lo niños por igual”. Además, la no presencia de la Fiscalía del menor en los desahucios con niños vulnera, a su juicio, el artículo 3.1 de la Convención, que refiere al interés superior del niños, dado que favorece los intereses de la banca frente a los de las familias.
DATOS PARA ENTENDER LOS DESAHUCIOS

  1. Desde que empezó la crisis ha habido 600.000 desalojos hipotecarios; unas 100.000 familias han perdido su lugar de residencia habitual.
  2. La vivienda social representa en España sólo el 1% frente al 32% de Países Bajos o el 18% de Reino Unido, según datos de Amnistía Internacional.
  3. Entre 2009 y 2015, el gasto público de vivienda se ha reducido en los Presupuestos Generales del Estado en más de un 50%.

Crecimiento de las ocupaciones en precario. Consecuencia de los desahucios y ausencia de alternativa habitacional.

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, el número de desahucios no ha dejado de crecer. Una ley hipotecaria anacrónica e injusta, sumada a un inexistente parque de vivienda pública ha dejado durante estos años a cientos de miles de familias en la más absoluta indefensión, con una deuda de por vida y en la calle.Desde 2007 se han iniciado más de 600.000 procesos de ejecución hipotecaria en España, procesos que en la inmensa mayoría de los casos han terminado con la pérdida de la vivienda, y en ocasiones a pesar de ello acarreando igualmente una deuda de por vida. Perder la vivienda hipotecada ha sido un drama para miles de familias, pero una ley de arrendamientos totalmente injusta nos ha llevado a otro paisaje desolador, en estos 7 años se han ejecutado más de 400.000 desahucios por no poder pagar el alquiler.

La vivienda no puede, ni debe ser un producto más de mercado en manos de empresas o bancos que usan un derecho básico como el de nuestro lugar donde vivir para hacer negocio. El precio de los alquileres en España sigue estando por encima de las posibilidades de miles de familias y más si tenemos en cuenta distintas causas para no poder acceder a él, como las personas sin papeles, los parados (un 22% de la población), los 700.000 hogares que según el INE no cuentan con ingresos o las cientos de miles de familias que arrastran deudas impagables como las hipotecarias. Para todas ellas el acceso al mercado de alquiler es imposible.

España es, en definitiva, un cementerio de la especulación, con un total de 3.5 millones de viviendas vacías, miles de millones de dinero público rescatando bancos y sin soluciones reales para las personas que cada día se enfrentan al reto de conseguir un techo bajo el que vivir. 

 Como cada septiembre la Fiscalía ha hecho públicas las cifras sobre las diligencias abiertas en este último año. En el lenguaje usado por la (in)Justicia del Estado Español, a la recuperación de viviendas le llaman ” Delito de Usurpación”.

El pasado 2014, el Poder Judicial abrió un total de 19.336 diligencias por usurpación (que no deja de ser una cifra aproximada), un 188,73% más que en 2010, un porcentaje que no deja de crecer, y que refleja en la mayoría de los casos a personas que se encuentran sin alternativa habitacional, sin poder acceder al mercado de vivienda de alquiler y sin respuesta alguna por parte de la admnistración pública, familias que no han tenido otra opción que recuperar sus derechos, es decir, recuperar viviendas vacías para seguir teniendo un techo y a las que en lugar de ayudar, se condena a pasar por un proceso penal y muchas veces un nuevo desahucio y la exclusión total por parte de muchas administraciones.

Parece que no es suficiente con dejar miles de familias sin ningún tipo de acceso a la vivienda, no es suficiente con darles la espalda. El gobierno las penaliza de nuevo con leyes que responden a los intereses de los bancos y a los grandes propietarios.

La ciudadanía organizada, de todas formas, seguiremos dando respuestas reales, desobedeciendo junto a nuestras vecinas, porque la vivienda es un derecho que entre todas tenemos que conquistar.